En una diligencia casi silenciosa, un equipo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, llegó el viernes 13 de febrero a la Municipalidad Provincial de Pacasmayo-San Pedro de Lloc, para incautar toda la documentación relacionada a un proceso de selección que estuvo destinado a contratar el mantenimiento de caminos vecinales ubicados en la jurisdicción provincial.
La Fiscalía Anticorrupción dispuso abrir investigación preparatoria por el presunto delito de negociación incompatible en agravio al Estado ya que se habría dirigido la buena pro del proceso para favorecer al ganador que ofertó el mayor monto, marginando a un postor que presentó una propuesta de menor costo.
La diligencia de exhibición e incautación de documentos fue dirigida por el fiscal adjunto Wilder Omar Delgado Flores, quien llegó a la MPP a las 10 de la mañana, del viernes 13 de febrero.
El representante del Ministerio Público cumplía con una disposición del 15 de enero de 2026, Carpeta Fiscal 405-2022.
En la municipalidad, solicitó se le muestre toda la documentación de uno de los doce procesos de selección para el mantenimiento de caminos vecinales, realizado el año 2020, por lo que se le condujo hasta el almacén de la municipalidad, donde se le presentó un archivador conteniendo el expediente de contratación. Se hallaron las bases estándar, documentos de la firma de contrato, informes y los términos de referencia del proceso; todo en 462 folios.
En el mismo acto, el fiscal notificó a la municipalidad para que provea la información que pueda obrar en archivo respecto de lo actuado por la misma municipalidad en el año 2021, luego de que la Contraloría General de la República emitiera el Informe de control 007-2021-2-0421, en el que se revelaban los actos irregulares con presuntas responsabilidades penales y administrativas y que involucraban a funcionarios de la gestión del entonces alcalde Víctor Raúl Cruzado Rivera.
Según el informe de Contraloría, también se había recomendado iniciar los procesos administrativos que correspondan por ese caso.
La diligencia del viernes 13 concluyó aproximadamente a las 12 del día.
Según la investigación preparatoria resultan investigados los entonces miembros del comité de adquisiciones de la MPP, Ricardo Manuel Muñoz Urteaga, Jorge Alexander Rodríguez Tarma y Lorena Elizabeth Ríos Javier para el proceso RES-PROC-4-2020-MPP-1. Este fue convocado en agosto de 2020 y otorgó la buena pro el 8 de septiembre de 2020 a la empresa Vargas Escalante Construcciones SAC.
El representante de la empresa, Julio Octavio Montoya Infante, figura como co investigado.
Además, han sido llamados a declarar el que fuera alcalde de esa gestión, Víctor Raúl Cruzado Rivera, y Claudia Maryel Chávez Obeso.
Cabe anotar que este es solo uno de los doce procesos de selección de la MPP, que la Contraloría recomendó llevar a la instancia penal debido a las presuntas responsabilidades encontradas.
EL ORIGEN DEL CASO
Como ya se mencionó la fiscalía anticorrupción está investigando el presunto delito de negociación incompatible. El caso nació del Informe de Control Posterior 007-2021-2-0421 del 7 de septiembre de 2021, en el que se precisaba que se había convocado a doce procesos de selección para contratar el mantenimiento de caminos vecinales, pero con un costo en exceso de 2 millones 775 mil 089,07 soles.
En su informe del año 2021, la Contraloría recomendó al titular de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo “Realice las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, comprendidos en los hechos irregulares… que el comité de selección incluyó en la etapa de admisión de ofertas exigencias no contempladas en la normativa referida al procedimiento especial de selección, admitiendo y otorgando la buena pro al postor que presentó mayor oferta económica, dejando de lado a quienes ofertaron un menor monto; posteriormente la administración municipal procedió a suscribir los contratos sin que se cumplan con los requisitos obligatorios, ocasionando un costo en exceso de dos millones setecientos setenta y cinco mil ochenta y nueve con 07/100 soles (S/ 2 775 089,07)”.
En el informe se recomendaba al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción de la Contraloría, “Dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad (…)”.
A la gestión municipal de entonces se le indicaba además que se inicien los procesos administrativos a los funcionarios involucrados.
La incautación del viernes 13 tiene que ver con uno de esos doce procesos, el RES-PROC-4-2020-MPP-1, que, según el informe de Contraloría, habría incurrido en una presunta sobrevaloración de S/ 307 mil 913,60.
REGIDORA PIDIÓ INFORMACIÓN
Esta disposición de la Contraloría, de abrir procesos administrativos, fue materia de un pedido de la entonces teniente alcaldesa Teresa Mattos Alva.
En marzo de 2022, Mattos solicitó al alcalde Víctor Raúl Cruzado Rivera, que acredite documentalmente si los procesos administrativos contra los entonces funcionarios se iniciaron.
Lo hizo porque a 6 meses de emitido el informe de Contraloría, la regidora indicaba que no se sabía si habían abierto dichos procesos, más aun teniendo en cuenta que los señalados eran funcionarios de confianza del entonces alcalde.
El último viernes 13 de febrero de 2026, en el marco de la investigación preparatoria por este caso, la fiscalía es la que pide esa información.
Fuente: UNDiario.pe
