El congresista Carlos Zeballos señaló que se agotaron los esfuerzos para que la empresa Operadora Ecológica del Titicaca (Opeti) concilie con el Estado, y concluya el primer componente de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), que comprende la colocación de colectores.
La concesionaria solicitó la nulidad del contrato, porque el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento habría incumplido una serie de requerimientos y luego los respondió tarde, por lo que ahora buscan ir a un proceso arbitral.
Zeballos dijo que los decretos legislativos 1082 y el 1362 amparan este tipo de situaciones, y los remanentes de la obra pasarían a las empresas prestadoras de servicios (EPS), y si no está dentro de su capacidad operativa, se convocaría a una nueva licitación.
Este es un proyecto que se ejecutaba a través de una asociación público privada (APP), bajo la modalidad ICP (iniciativa cofinanciada privada). Según Zeballos, esta de forma el estado se ha ahorrado S/200 millones en la etapa del proceso de selección y no se le ha pagado nada.
Por otro lado, Opeti tiene un compromiso de 90 días para que desde el 15 de septiembre para restaurar todas las zanjas y calles que dejó abiertas. De incumplir con esta obligación, se aplicarán las penalidades que amerite el caso.
Fuente Diario Correo
