Por interferir en los actos de gestión de la municipalidad de San Isidro, el responsable del Órgano de Control Institucional (OCI), de este municipio fue denunciado ante la Contraloría General de la República.
El funcionario respondió iniciando una acción de control contra quien lo denunció materializándose la comisión de un presunto conflicto de intereses que va en contra de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control.
Cecilia Loayza Pinedo es la Gerente de Desarrollo Ambiental Sostenible de la Municipalidad de San Isidro, responsable de la ejecución del Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes de uso público de este municipio.
Ella expresó su disconformidad con la actuación del jefe del OCI de esta comuna, Cesar Javier Cesías López, al iniciar acciones de control posterior y simultáneo en el “servicio de mantenimiento de áreas verdes de uso público en este distrito, haciendo requerimientos y propuestas de acciones correctivas que obstaculizan la ejecución del servicio originando un retraso en la terminación de las obras.
Según la denuncia, el jefe de la OCI elaboró un informe en el cual advirtió un total de “nueve situaciones que podrian afectar la ejecución del contrato”. Una de las situaciones fue “la inexistencia de un foco en el cuarto de máquinas donde operan los responsables del mantenimiento de las áreas verdes”, esta observación a fue desestimada por los operarios por tratarse de un ambiente con suficiente luz natural y en el que se puede trabajar con linternas de ser el caso. La denunciante desestimó el informe del jefe de la OCI por no contar con el respaldo de criterios técnicos especializados.
Otra irregularidad anotada es el inicio de una actividad de control posterior en un contrato que está en plena ejecución y dentro de los plazos establecidos en los Términos de Referencia.
La funcionaria denunciante sostiene que en el desarrollo del control gubernamental, el personal del Sistema Nacional de Control está impedido de participar en los actos de gestión de las entidades, así como emitir opiniones o apreciaciones sobre los mismos antes de los servicios de control.
El órgano contralor, según su normativa, debe evaluar la conducta del jefe de OCI de San Isidro, con la finalidad de determinar su responsabilidad en los hechos denunciados y por el presunto uso del cargo, incurriendo en un notorio conflicto de intereses.
Fuente el Popular
