Valorizado en nueve millones doscientos mil soles, el canal de riego de Alcas no sirve. Deficiencias técnicas en su construcción lo tienen inoperativo, según un informe de la Contraloría General de la República que halló responsabilidad penal por esta situación en dos funcionarios de la Municipalidad Provincial de Ambo y dos empresarios.
Se trata de John Henry Aquino Condezo, jefe de la Unidad de Obras Públicas del 2019 al 2023, y de Florencio Bartolo Sebastián, jefe de Tesorería desde el 2019 hasta la actualidad. Ambos fueron miembros del comité de recepción de dicha obra, según el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.º 055-2025-2-0398-AC.
También tienen responsabilidad penal —según el informe— Roberto Roger Sobrado Chávez y Rosa Sabina Camacho Soto. El primero, representante del Consorcio Alcas que ejecutó la obra; y ella, representante del Consorcio Jatuncolqui, supervisor de la obra.
Para la Contraloría, los trabajos realizados en la obra y que no cumplieron las especificaciones técnicas han generado un perjuicio económico de S/ 4 306 332 a la Municipalidad Provincial de Ambo que financió la obra.
El Informe detalla que el sistema de riego que tenía como objetivo irrigar 205 hectáreas de campos agrícolas en los sectores de Jatunrragra, Muñapata y Colqui del distrito de San Rafael y beneficiar a 75 familias, «no funciona debido al colapso de la red de distribución».
El colapso —dice— se produjo por modificaciones fuera de lo estipulado en el expediente técnico en los trazos de la línea de distribución y en la variación de las cámaras rompepresión durante la ejecución de la obra. Estas variaciones generaron presiones que superaron los 75 metros de columna de agua en varios puntos del sistema, provocando rupturas y deformaciones en las tuberías y comprometiendo la integridad del sistema hidráulico.
También se detectó que las cámaras rompepresión, que son estructuras fundamentales para regular la presión del agua, fueron reemplazadas por cámaras reductoras sin la debida justificación técnica. Esta sustitución alteró la capacidad del sistema para manejar adecuadamente la presión hidráulica. Además, se identificaron discrepancias en la cantidad y ubicación de estas estructuras respecto a lo establecido en el expediente técnico de la obra, evidenciando deficiencias en el control de la ejecución, añade la Contraloría.
El informe también advierte que el Consorcio Alcas no ejecutó el cerco perimétrico en tres bocatomas, pese a que estaban contempladas en el expediente técnico. No obstante, dichos trabajos fueron valorizados y pagados. Del mismo modo, la capacitación técnica, que incluía charlas sobre operación, mantenimiento del sistema y manejo de parcelas y cultivos, tampoco se realizó. Pese a ello, fue pagado al 100 %, sin que existan informes, actas o listas de participantes que acrediten su ejecución. A ello se suma la ejecución parcial de la partida correspondiente al impacto ambiental.
Otro hecho revelado es que durante seis meses la entidad pagó valorizaciones al contratista a pesar de que el personal clave —como el ingeniero agrónomo y el especialista en riego tecnificado— no participó en la ejecución de la obra. Asimismo, se otorgaron conformidades por la participación parcial de otros dos profesionales, correspondientes a las áreas de medio ambiente y salud ocupacional. Los pagos efectuados por la ausencia de dichos especialistas ascienden a S/ 114 000.
Estas deficiencias no solo afectan la disponibilidad de agua para riego, sino que también impiden cumplir con la finalidad del proyecto, que era incrementar la producción y productividad de los cultivos agropecuarios en la localidad de Alcas, señala dicho organismo.
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