Nelson Shack, titular de la Contraloría General de la República, se pronunció sobre la decisión del Ejecutivo de observar la autógrafa de ley aprobada por el Congreso de la República que restablecía la capacidad de sancionar a la entidad que preside.
“Lamento que el Poder Ejecutivo no haya entendido la urgencia y la importancia de poder devolver a la Contraloría esta capacidad sancionadora. Que la última sentencia del Tribunal Constitucional sobre este tema, que se dio en marzo-abril de 2019, constitucionalizó la capacidad sancionadora”, declaró a RPP.
En esa misma línea, el contralor cuestionó que el Poder Ejecutivo haya considerado que la “tipificación de las conductas infractoras son insuficientes”. Además, dijo que mientras no se devuelva dicha capacidad a la entidad, seguirán ocurriendo actos de corrupción que queden impunes.
“Hoy por hoy la corrupción y la impunidad siguen campeando. Ahora con mayor razón e intensidad porque los informes de la Contraloría se despliegan, se publican, tenemos presencia a nivel nacional. La gente ve cómo malos funcionarios públicos, que no son la gran mayoría, pero son miles de funcionarios públicos corruptos, incompetentes, cometen irregularidad; y la gente ve los nombres, saben quiénes son y qué han hecho”, sostuvo.
Shack: “No se puede luchar contra la corrupción de manera efectiva si no hay sanción”
Asimismo, Shack Yalta reiteró que no se podrá combatir la corrupción si es que no se le devuelve a la Contraloría la capacidad de sancionar a los funcionarios públicos infractores de la ley.
“No hay posibilidad de luchar contra la corrupción de manera efectiva si no hay sanción. Y eso es lo que está pasando en los miles de casos pequeños y medianos a nivel nacional. Solo el año pasado se ha identificado en el Perú que ha habido una pérdida por corrupción e inconducta funcional de más de 22.000 millones de soles, en los cuales han estado involucrados más de 8.000 funcionarios públicos. Nadie de esos ha sido retirado del sector público ni sancionado”, agregó.
Recalcó que debe intervenir la Contraloría porque en las entidades donde hubo comisión de actos de corrupción no se ha interpuesto medidas contra los funcionarios.
“El hecho evidente de que la sanción interna no funciona adecuadamente porque ninguna autoridad tiene interés suficiente para sancionar a sus colaboradores de confianza, entonces la capacidad de sanción de la Contraloría se convierte en la primera línea de defensa en la lucha contra la corrupción”, alegó.
Fuente La República
