El Ejecutivo ha esperado hasta el último momento para observar la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República en lugar de utilizar el plazo constitucional que se le otorga para promulgar u observar la ley y llevar a cabo un diálogo con esta institución que objetivamente precisa de respaldo político, aliento y colaboración.

El solo hecho de que el contralor exprese en público su preocupación por el retraso de la puesta en vigencia de un modelo renovado de control implica la desatención de un aspecto clave para la transparencia pública y brinda la imagen de la falta de compromiso en la lucha contra la corrupción.

El proyecto de ley fue presentado por la Contraloría el pasado mes de octubre y en el proceso de debate se recogieron opiniones de otros órganos del Estado. Ninguna de las opiniones hizo presumir un bloqueo por las razones que exhibe el Ejecutivo.

El núcleo de la observación se refiere al nuevo artículo que exceptúa del ámbito de la Contraloría al órgano de control institucional del Congreso. Sin embargo, la norma vigente no lo señala expresamente, y no por eso los gastos del Congreso están sujetos a la supervisión de la Contraloría, debido a que históricamente el régimen del Legislativo opera bajo sus normas específicas en mérito a su autonomía.

Es razonable el principio de que ningún poder del Estado, esencialmente el Congreso y el Poder Judicial, se encuentre exento de control, y en ese punto el objetivo debe ser que la Contraloría abarque como su nombre lo señala al conjunto de la República. No obstante, la naturaleza de la norma que instituya esta ampliación requiere de un acuerdo entre los poderes y una gestión especifica. En tanto se logre este propósito, la reforma de la Contraloría no puede quedar a medio camino, que es el cuadro que se observa ahora.

Del mismo modo, el cuestionamiento a la implementación de dos vicecontralorías es muy forzado. El Ejecutivo considera que ello vulnera el mandado constitucional que dispone que los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos. Si se razonara de ese modo con todas las normas expedidas por el Congreso, convirtiendo un arreglo institucional en una orden de gasto público, es probable que más de la mitad de leyes deberían ser desechadas, incluyendo la Ley de Presupuesto.

La lucha contra la corrupción requiere decisiones rápidas en una perspectiva de reforma, que permitan que la Contraloría se extienda en el territorio, considerando que en el pasado un contralor confesó con pesar que su institución solo llegaba a menos del 30% de unidades de gasto del país. La reforma requiere también agilidad y eficacia para el control concurrente y posterior en los tres niveles de gobierno. Identificadas las necesidades urgentes no tiene sentido que uno de los poderes paralice los cambios iniciados por el nuevo liderazgo de esa institución del Estado luego de varios años de parálisis y de los recientes escándalos que afectaron su credibilidad.

Fuente La República

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