La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, a cargo del fiscal provincial Hugo Minaya Paulino, intervino hoy la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, en el marco de las investigaciones seguidas contra funcionarios municipales por el delito de negociación incompatible.
La diligencia de incautación de documentos estuvo a cargo de la fiscal Diana Quintana y contó con el apoyo de las fiscales adjuntas Karim Granda y Athenas Tello, así como del personal policial de la Dirección contra la Corrupción de Lima Sur.
La investigación inició a partir del informe del Órgano de Control Institucional (OCI) de dicha municipalidad, que da cuenta de presuntas irregularidades en el proceso de evaluación y selección de personal bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) para diversas unidades orgánicas de esta comuna, realizado en 2019.
Según la hipótesis fiscal, los integrantes del Comité de Evaluación y Selección de dicho personal CAS dieron por ganadores a 14 personas que no cumplían con los requisitos en cuanto a la experiencia, competencias, formación académica, grado académico, cursos y estudios de especialización, entre otros; contraviniendo así las bases de ese proceso de selección.
Asimismo, se habrían interesado directamente en la contratación de ciertos postulantes, quienes recibieron remuneraciones ascendentes a S/ 109’235, durante el periodo de julio a diciembre de 2019.
En la mira de la Fiscalía
Por otro lado, según un reportaje del dominical Cuarto Poder emitido el domingo pasado, el alcalde del referido distrito, Daniel Castro Segura, celebró su cumpleaños, a inicios de abril, con una fiesta que ascendía a casi S/ 70’000, y de cuyos gastos, según el referido informe periodístico, se habría encargado la municipalidad.
Aunque la gestión edil de Castro, por medio de un comunicado, negó haber utilizado recursos municipales para la fiesta, existen otras acusaciones de corrupción contra el burgomaestre como la supuesta adquisición sobrevalorada de licuadoras. El caso se encuentra en investigación por la Contraloría.
Fuente RPP
