El proyecto “Instalación del Sistema de Riego Integral Ccaccenccora”, previsto para los distritos de Morcolla, Querobamba y Huacaña, en la provincia de Sucre, perdió vigencia y fue desactivado permanentemente del Banco de Inversiones luego de que el expediente técnico presentara deficiencias que no fueron subsanadas. La auditoría de cumplimiento realizada al Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (Prider) determinó un perjuicio económico de S/1 125 783,20.
El Informe de Auditoría N.° 014-2026-2-5997-AC, señala que funcionarios y servidores de la entidad otorgaron la buena pro a un postor que no cumplía con los requisitos establecidos en las bases integradas. Además, durante el proceso de contratación se modificaron requisitos relacionados con el perfil del postor y de los profesionales.
El contrato para la elaboración del estudio de factibilidad y expediente técnico fue suscrito en enero de 2014 por S/1 090 000, con un plazo de ejecución de 150 días calendario. Sin embargo, durante la ejecución, el consultor presentó entregables que, según la auditoría, estaban incompletos y contenían deficiencias técnicas. Estos documentos fueron validados mediante conformidades otorgadas por funcionarios de la entidad. El expediente técnico fue posteriormente observado por el Ministerio de Agricultura, pero las observaciones no fueron subsanadas. A ello se suma que la instancia correspondiente del Gobierno Regional de Ayacucho aprobó la viabilidad del estudio de factibilidad pese a las deficiencias e incumplimientos identificados por la auditoría.
La falta de subsanación impidió obtener el financiamiento necesario para ejecutar el proyecto. Según la Contraloría, esto ocasionó que los estudios aprobados carecieran de utilidad para alcanzar el objetivo previsto y que el proyecto perdiera vigencia y fuera desactivado permanentemente del Banco de Inversiones. El informe establece que estos hechos generaron un perjuicio económico de S/1 125 783,20, correspondiente al reconocimiento y pago de productos que no cumplieron su finalidad pública.
Ante estos hechos, la auditoría recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en la observación, a fin de determinar las responsabilidades que correspondan.
Entre las personas comprendidas figuran Justo Navarro Trejo, Rubén Alcides Quispe Bedriñana, Yuri Eliseo Canales Rimachi, Jorge Sandro de la Cruz Medina, Pedro Flores Martínez, Tele Riveros Agüero, Víctor Hugo Vega Alcázar, Eduardo César Huacoto Díaz, Eusebio Yupanqui Suárez y Rodrigo Bautista Ortega, todos consignados en el informe con presunta responsabilidad penal.
La auditoría comprendió el periodo del 1 de agosto de 2013 al 31 de julio de 2023 y revisó el proceso de contratación y ejecución contractual del servicio de consultoría. El informe fue emitido el 3 de agosto de 2026.
Fuente Jornada
