El último jueves 9 de mayo, el fiscal Carlos Puma, miembro del Equipo Especial Lava Jato, pidió al Poder Judicial que varíe el impedimento de salida del país por 36 meses de prisión preventiva contra la exalcaldesa Susana Villarán, a quien acusó de ser «cabeza y líder» de una organización que recibió dinero de Odebrecht y OAS para las campañas de No a la revocatoria y la reelección de 2014.
Según el fiscal, las dos campañas electorales antes mencionadas fueron financiadas por las empresas brasileñas a cambio de beneficios en la gestión municipal.
Para indicar la ruta del dinero ilícito, en el pedido de prisión preventiva, el fiscal Puma indicó que la exburgomaestre designó de forma estratégica a personas de su confianza en puestos ediles. Así como también involucró a dirigentes de los partidos que representó: Fuerza Social y Diálogo Vecinal.
Siguiendo esa línea, la tesis fiscal presentaron una estructura, en la que José Miguel Castro, gerente municipal durante la gestión de Villarán, era el encargado de pedir el financiamiento a Odebrecht y OAS.
La estructura de la red que dirigía Susana Villarán: Funcionarios ediles
Tras Villarán y Castro, siete exfuncionarios de la Municipalidad de Lima también fueron acusados de pertenecer a esta presunta organización.
Uno de ellos es Domingo Arzubialde Elorrieta, encargado de concretar las adendas y contratos con las empresas brasileñas sobre Vías Nuevas de Lima y Ruta Amarilla. Se desempeñaba como gerente de Promoción de la Inversión Privada.
Asimismo, el exgerente de Seguridad Ciudadana, Gabriel Prado Ramos, es sindicado como miembro, tras descubrirse que figura como beneficiario de una cuenta en la Banca Privada D’Andorra, en la que se depositó el ilícito dinero. Se le imputan los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.
La lista de funcionarios implicados la cierran, Marco Hugo del Mastro Vecchione, fundador de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana, organización que recibió aportes para la campaña del No a la revocatoria, el exregidor Marco Antonio Zevallos Bueno, quien habría remitido información falsa al JNE para ocultar los aportes, Daniela Maguiña Ugarte, exgerente de Defensa del Ciudadano, Cecilia Lévano de Rossi, ex jefe de Coordinación, y Guillermo Loli Ramírez, excoordinador de Proyectos Especiales.
La estructura de la red que dirigía Susana Villarán: Dirigentes en campañas y otros
Por otro lado, la tesis del fiscal Puma sostiene que Luis Gómez Cornejo recibió 1 millón de dólares ilícito, según la disposición de José Miguel Castro, y distribuía el dinero para los gastos de campaña. Se le imputan los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.
Otro de los implicados es Óscar Vidaurreta, quien recibía dinero de OAS a través de contratos ficticios con la empresa Ogilvy para la campaña del No a la revocatoria.
Los demás involucrados son: Jorge Torres Padilla, María Méndez Vega, Juan Carlos Becerra, Julio Castro Joo, Mónica Pozo Palomino, y César Meiggs Rojas.
Fuente La República
