El Artículo 76 de la Constitución Política del Estado precisa que las obras y la adquisición de suministros con uso de fondos o recursos públicos se ejecutan por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes.
Mediante el Decreto Legislativo N° 1444 se ha modificado la Ley de Contrataciones del Estado (N° 30225), a fin de agilizar los procesos de contratación y fortalecer al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas-Perú Compras para fomentar la eficiencia en las contrataciones. Asimismo, en el artículo 14 se establece la protección y promoción de la competencia y prevención del delito, y que intervenga el OSCE o el Tribunal de Contrataciones del Estado para verificar la existencia de conductas anticompetitivas, y el Indecopi para iniciar el procedimiento administrativo sancionador a los presuntos responsables.
Conforme a la data del OSCE, durante el 2017 el Estado contrató por 36,176.4 millones de soles. Según el valor contractual, el 21.3% corresponde a adquisiciones de bienes; el 32.5%, a prestación de servicios (incluye consultoría de obras), y el 46.2%, a la ejecución de obras.
En el Perú contratan 2,859 entidades públicas con 442,743 proveedores: Bienes (35.7%), Servicios (59.3%), Ejecutor de obras (2.7%) y Consultoría de obras (2.3%). Esta distribución desigual demanda tener una política clara en el ámbito de la vinculación del sector privado con el público en el interior del país, enfocada en la pequeña y microempresa, y en lo que se refiere a descentralización productiva.
Es claro que esta modificación busca eliminar las deficiencias administrativas de algunos funcionarios encargados de llevar los procedimientos de selección y que no solo los indicadores de percepción de deficiencias internacionales confirman, sino también la realidad diaria: manejos presupuestales inadecuados, carencia de estudios de costo beneficio y costo eficacia como elementos de decisión; signos de mala programación, estudios de mercado mal elaborados, valores referenciales incorrectos, evaluaciones parcializadas, carencia de supervisión, entre otros.
Es imperiosa también la necesidad de modernizar las contrataciones públicas mediante compras electrónicas en lugar de procedimientos de selección clásicos, en busca de eficiencia, de simplificar procedimientos y garantizar su transparencia. Se debe tener en cuenta que el personal de las oficinas de logística, planificación y presupuesto tiene que ser de primer nivel, acreditados en cada especialidad y de gran solvencia moral.
Se estima que con la implementación de la plataforma electrónica con que cuenta el OSCE-SEACE o Perú Compras será posible ahorrar al Estado un 20% de lo presupuestado anualmente en bienes, servicios y obras.
Fuente El Peruano
