La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha invertido más de S/830 millones en tres proyectos de infraestructura que, hasta la fecha, no han generado resultados tangibles. Estas obras presentan diversas deficiencias técnicas, legales y administrativas, lo que ha llevado a que sean objeto de observaciones por parte de la Contraloría General de la República y sanciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Los proyectos en cuestión son: la Vía Expresa Sur, que permanece inconclusa; la adquisición de tres puentes metálicos para la avenida Ramiro Prialé; y la construcción de un hospital SISOL en Miraflores, el cual no se encuentra operativo a pesar de los costos de alquiler que se siguen pagando. Estos casos reflejan los desafíos en la gestión y ejecución del presupuesto público destinado a obras de gran envergadura.
Vía Expresa Sur no posee certificación ambiental ni tramos completos
Con un costo que se proyecta en S/ 800 millones, la Vía Expresa Sur fue anunciada como una solución al congestionado sistema vial de Lima, conectando distritos clave como Barranco, Santiago de Surco y San Juan de Miraflores. No obstante, en lugar de progreso, el proyecto ha generado controversia por carecer de certificación ambiental vigente, lo que constituye una falta grave según las leyes peruanas.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) trasladó una denuncia por una supuesta afectación de áreas verdes al MTC, para que en el marco de sus competencias realice las acciones que corresponda. Posteriormente, la propia cartera ministerial, confirmó que la certificación ambiental para la ejecución de la Vía Expresa Sur había vencido hace varios años y no fue renovada por la actual gestión municipal. Esta omisión llevó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a iniciar un proceso sancionador contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), que incluye una multa de S/ 160 millones. En respuesta, la MML acusó al MTC de actuar con sesgo político y calificó la sanción como un acto de “acoso político”.
A través del teniente alcalde Renzo Reggiardo, la municipalidad anunció que emprenderá acciones legales y exhortó al Ejecutivo a retomar el diálogo para alcanzar una solución consensuada que garantice la continuidad del proyecto.
Mientras tanto, varios tramos de la vía aún presentan deficiencias en su construcción, lo que ha generado preocupación sobre la seguridad de la obra y su verdadero impacto en la mejora del transporte.
Una falla estructural en la gestión
La falta de planificación en este proyecto no es un caso aislado. Para comprender mejor los factores detrás de estas deficiencias, conversamos con Miguel Villaverde Cisneros, especialista en Políticas Públicas, quien explica que los problemas no residen solo en el financiamiento, sino en cómo se gestiona.
“Confluyen diversos factores: falta de liderazgo, ausencia de dirección, escasa transparencia e incluso indicios de corrupción”, afirma. “Hoy, contar con recursos no es suficiente si estos terminan generando costos desproporcionados en obras que no benefician a la población”.
Villaverde advierte que la ausencia de una planificación estratégica, sumada a la falta de experiencia técnica entre los funcionarios, contribuye a este tipo de resultados. La Vía Expresa Sur se convierte así en un ejemplo emblemático de cómo el presupuesto puede ser malgastado sin cumplir sus objetivos sociales.
Puentes metálicos sin licitación en av. Ramiro Prialé: el atajo que genera sospechas
El segundo proyecto cuestionado es la adquisición de tres puentes metálicos destinados a reemplazar antiguas estructuras en desuso en la avenida Ramiro Prialé. El monto invertido fue de S/ 28.195.440, y si bien el objetivo era atender una necesidad urgente, lo que encendió las alarmas fue la forma en que se realizó la compra: sin licitación pública ni contratos formales. Esto fue revelado por el programa Punto Final.
Las adquisiciones se hicieron mediante órdenes de compra directas, un mecanismo permitido por ley, pero que fue utilizado de forma irregular para evadir los procesos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. Esta práctica ha sido duramente criticada, ya que reduce la transparencia y aumenta el riesgo de corrupción.
La empresa proveedora, Acrow Corporation of America, con sede en Estados Unidos, llegó a emitir varias comunicaciones solicitando la formalización de los encargos. Sin embargo, la Empresa Municipal Administradora de Peajes de Lima (EMAPE), que ejecutó la compra, no reconoció contratos formales, generando un limbo legal y administrativo.
Hospital SISOL en Miraflores: un local vacío que sigue costando miles de soles a la MML
El tercer caso corresponde a la adquisición de un inmueble para el hospital SISOL en Miraflores, que pertenece a la red de hospitales de la Municipalidad de Lima. Pese a las necesidades urgentes en salud pública, el local no está en funcionamiento y presenta deficiencias estructurales.
De acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República emitido en mayo de 2025, se ha pagado S/ 490.000 en concepto de alquiler mensual (S/ 70.000 por mes) desde 2024, sin que el establecimiento preste ningún tipo de servicio. El contrato total asciende a S/ 2.5 millones.
Además, el informe alerta que el inmueble pone en riesgo la vida de los usuarios debido a sus fallas estructurales. Un dato preocupante es que la propietaria del local tiene vínculos con el partido político Acción Popular, al cual pertenece el alcalde López Aliaga, lo que refuerza las sospechas sobre posibles conflictos de interés.
Para Villaverde, situaciones como esta representan una gestión irresponsable del presupuesto, con consecuencias directas para los ciudadanos. “Los presupuestos deben estar alineados con el Plan Operativo Institucional y los objetivos del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). Si se ejecutan sin planificación real, terminan afectando el desarrollo de nuevos proyectos y deteriorando la confianza ciudadana”, explica.
Falta de planificación, supervisión y transparencia
El panorama descrito por los tres proyectos no solo muestra fallas técnicas, sino una ausencia generalizada de planificación, control y fiscalización, aspectos clave para cualquier administración pública. Villaverde lo resume así: “La gestión pública requiere de planificación estratégica y políticas públicas enfocadas en integrar a la ciudadanía coadyuvando en el control y fiscalización de los recursos públicos”.
La suma de estos tres proyectos alcanza los S/ 830.695.440, un monto que en un contexto de buena gestión debería haber generado mejoras visibles en transporte, salud e infraestructura urbana. Sin embargo, lo que se observa es un patrón de desorganización, decisiones cuestionables y falta de rendición de cuentas.
La Municipalidad de Lima enfrenta serios cuestionamientos no solo desde instituciones fiscalizadoras, sino también desde la ciudadanía, que ve cómo los recursos públicos se pierden en obras inconclusas, contratos opacos y alquileres improductivos.
MTC niega persecución política y asegura que todo se realizó bajo el marco normativo
Por su parte, el viceministro de Transportes, Ismael Sutta, negó que se trate de un acto de odio contra la alcaldía de Lima “Rechazamos cualquier manifestación o acoso político por parte del MTC. Como pueden ver, este es un procedimiento que nace en comunicaciones en el mes de octubre del año pasado y con verificaciones que se hacen en el mes de marzo de este año”.
En esa línea, los directivos aseguraron que se ha seguido todos los procedimientos establecidos y que la sanción forma parte de un proceso técnico orientado a hacer cumplir las normativas vigentes para obras de esta envergadura.
Fuente La República
