Tras las declaraciones de la lobista Karelim López a la Fiscalía, donde reveló la existencia de una presunta red criminal dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) –cuando Juan Silva encabezaba dicha cartera– salieron a la luz una lista de empresas de origen chino que habrían sido beneficiadas por el exministro y sus aliados, con licitaciones y buenas pro en obras dentro del MTC.
Ante esa situación, el director del Consejo Privado Anticorrupción (CPA), Eduardo Herrera, conversó con expertos sobre la situación por la que pasa el MTC y la posible solución ante los actos de corrupción que se han puesto en evidencia y lo hizo por medio de #VigilanciaActiva, un panel organizado por la institución que dirige en alianza con Perú21. Los especialistas participantes fueron Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y Erick Iriarte, abogado especializado en tecnología.
Inicio e involucrados
Según informó Jorge Zapata, la corrupción empieza con el direccionamiento de la obra pública. Aseguró que antes de asumir sus cargos, los funcionarios de confianza ya van armando su equipo de corrupción, cambian las bases de los concursos públicos una vez que se desempeñan en sus puestos y se apoyan de un equipo que trabaja por fuera de la institución. “Estas personas constituyen empresas van rotando y cambiando de nombre y no duran mucho tiempo”.
Zapata agregó que el ministro que forma parte de la gestión que ha cometido los actos ilícitos, tiene mucho que ver en que estas situaciones se den y se eviten. “Sí importa quién es el ministro, si tenemos a ministros que les importa poco o que pudieran ser parte de esto las cosas no van a cambiar”, dijo.
Respecto a la preferencia en la contratación de empresas chinas sobre las peruanas, manifestó que es debido al apoyo que tienen del estado chino y sus bancos constituidos en Perú, que les entregan líneas de crédito de manera bastante rápida a comparación de la empresa peruana.
Jorge Zapata, presidente de Capeco Eric Iriarte,
Soluciones
El presidente de Capeco, resaltó una de las soluciones ante los problemas de corrupción en los Gobiernos. “Necesitamos una nueva ley de contrataciones que ponga candados a la corrupción, la entidad convocante tiene todas las llaves, pero todo el proceso debe ser armado por terceros”, recomendó.
Por su parte, el abogado y especialista en tecnología Erick Iriarte, informó que algo que contribuye a la corrupción son los límites que hay cuando se desea acceder a la información pública. Esta falta de accesibilidad genera “estos espacios para la corrupción”.
Comenta que pese a que la Ley de Transparencia sea una de las más avanzadas que el Estado tiene, al no ser autónoma y depender del poder político de las entidades a las que se les pide dicha información, pierde fuerza.
“No hay un compromiso por parte de los funcionarios en entregar bien la información y esto hace que la legislación de transparencia se haga agua”, indicó.
Más que una Ley
Iriarte Ahón explicó que además de necesitar una nueva ley de transparencia o de contrataciones, se requiere un mejor modelo jurídico. “Hay tantas leyes declarativas porque aparentemente a través del texto se crearán cosas mágicamente”, dijo.
El uso de la tecnología para facilitar el acceso a la información ayudaría a la lucha contra la corrupción. “Que no se niegue la información, que las entidades publiquen los datos sin necesidad de que el ciudadano lo busque”, recomendó.
Ficha Erick Iriarte Ahón
Erick Iriarte Ahón. Abogado especializado en nuevas tecnologías y magíster en Ciencias Políticas. Ha tenido participación en el crecimiento de Internet en el país y en el extranjero.
Eduardo Herrera Velarde
Eduardo Herrera Velarde. Director ejecutivo del CPA. Abogado y magíster en Derecho Penal, con posgrado en Finanzas y Derecho Empresarial. Investigador y consultor en ética aplicada.
Jorge Zapata Ríos
Jorge Zapata Ríos. Ingeniero industrial con un MBA en administración. Director y gerente general de la inmobiliaria La Muralla, director de la asociación de empresas inmobiliarias del Perú (ASEI).
Fuente Peru21
