El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) resolvió cambiar radicalmente el modelo de adquisición de productos para el programa nacional de alimentación escolar Wasi Mikuna, antes Qali Warma. Antes, los Comités de Compra, integrados por un representante del Ministerio de Salud y de los padres de familia, y del responsable de los programas sociales de cada municipio, estaban a cargo de evaluar las propuestas de los proveedores y de adjudicar y firmar los contratos. Ahora serán los papás de los escolares los que comprarán los alimentos con el dinero que les dará Wasi Mikuna.
La reforma del modelo que traslada toda la responsabilidad a los padres de familia la compra, evaluación y la elaboración de los productos se aprobó como consecuencia del caso de ineficiencia y corrupción que destapó la prensa en octubre pasado, y motivó la renuncia del titular del Midis, Julio Demartini.
Se trataba de una trama para ocultar la adquisición de productos enlatados en mal estado o que estaban procesados con carne de caballo, o que no cumplían con las especificaciones técnicas.
Cuando el 25 de marzo de 2024 se registró la intoxicación de 23 niños de un colegio de Cabana, Puno, luego de comer conservas de pollo Don Simón, de la compañía Frigoinca, un testigo entregó a la Fiscalía evidencia de que directivos de la empresa pagaron sobornos a servidores públicos para ocultar la responsabilidad de la productora.
Luego se evidenciaría que los implicados eran de Qali Warma y de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa).
¿En qué consiste el cambio?
También se expuso que durante la gestión del exdirector del programa de alimentación Fredy Hinojosa Angulo, presuntamente Frigoinca, del empresario Nilo Burga Malca, fue favorecida con millonarios contratos. Hinojosa trabajó con la exministra del Midis y actual jefa de Estado, Dina Boluarte. Hinojosa ha sido nombrado por Boluarte como su vocero presidencial.
El programa Wasi Mikuna asignará una subvención económica a los comités de las instituciones educativas, que es destinada exclusivamente a la compra de alimentos (tanto perecibles como no perecibles) y otros gastos operativos relacionados con el servicio alimentario escolar.
Los Comités de Gestión para la Alimentación Escolar (CGAE), conformados por madres, padres, tutores legales o apoderados de los estudiantes, sustituirán a los Comités de Compra (CC) de Qali Warma, que estaban integrados por el gerente de Desarrollo Social de cada municipio provincial o distrital, el director (a) de la Red de Salud, el subprefecto y el representante de las madres y padres de familia de las escuelas.
Con la reforma del modelo, los CGAE de Wasi Mikuna gestionarán la compra de alimentos, las cantidades de cada producto y las condiciones mínimas de calidad de los mismos. Cuando existía Qali Warma, esta entidad era la que evaluaba a los proveedores de alimentos: si tenían capacidad económica, si sus productos cumplían las normas técnicas y si contaban con los almacenes adecuados. Una vez que el Comité de Compras seleccionaba al proveedor, ingenieros alimentarios probaban los alimentos para establecer si eran adecuados para su consumo, y emitían las “actas de liberación” para la respectiva distribución a los colegios. Ya no será así.
Dudoso remedio
Si se presentan episodios de corrupción, intoxicación o cualquier otra irregularidad, la responsabilidad será de los padres de familia.
De hecho, Wasi Mikuna le dijo a La República que en el caso de la contaminación en el colegio puneño de Cabana la responsabilidad de la elaboración de la comida era de las madres de familia. Ante la Fiscalía del caso en Juliaca, Puno, las mamás afirmaron que cocinaban según las indicaciones de las autoridades del programa social.
La República consultó con tres proveedores de Wasi Mikuna sobre la reforma del programa y coincidieron en que afectará la calidad de los alimentos y alentará la corrupción. Similares respuestas dieron la exministra del Midis Carolina Trivelli Ávila y el experto en contrataciones estatales Miguel Villaverde.
“El cambio es preocupante por dos razones. La primera, porque no se sabe quién controlará la inocuidad de los alimentos ni qué pasará si los padres son engañados por quienes les venden los productos. No está claro de quién será la responsabilidad ni quién será castigado por ello”, expresó Carolina Trivelli, economista especializada en programas sociales.
Fuente La República
