La Contraloría detectó que un grupo de funcionarios responsables de la obra de mejoramiento de la carretera Desaguadero – Kelluyo – Pisacoma, a cargo del Gobierno Regional Puno, otorgaron conformidad por el alquiler de 10 camiones volquetes pese a no cumplir con el servicio requerido, lo que generó un perjuicio económico por S/ 389.084.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 031-2021-2- 5350-AC002, del total de volquetes alquilados, habían dos que fueron encontrados con requisitoria vigente por ser sustraídos meses antes del periodo del servicio y otros ocho se encontraban alquilados en otra obra; sin embargo, la administración regional pagó el íntegro del monto contractual por el servicio que no se realizó.
Asimismo, se evidenció un perjuicio económico adicional por S/ 199.057 por la dotación de combustible a los volquetes que no prestaron el servicio a la entidad, haciendo uso indebido de este combustible.
Otro de los hechos identificados fue que el órgano encargado de las contrataciones permitió la subsanación de la oferta del postor, a pesar de no corresponder dicha acción, según el Reglamento de Contrataciones del Estado, afectando así la igualdad de trato.
Por todos estos hechos, se identificó presunta responsabilidad penal y administrativa de 12 exservidores del Gobierno Regional Puno.
El resultado de la Auditoría de Cumplimiento, que comprendió del 1 de noviembre de 2017 al 31 de marzo de 2018, fue notificado a la entidad regional y a la Procuraduría General de la República.
Fuente La República
