Desde hace casi una década, el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap) se vislumbró como la obra de infraestructura más importante para la región Piura. Sin embargo, hoy tiene solo un 22% de avance.
Debido a que se encuentra paralizada y abandonada por nueve meses, con millonarias deudas y arbitrajes pendientes, su futuro es incierto. El objetivo del Peihap es irrigar 50 mil hectáreas de cultivo del valle del Alto Piura, a través del transvase de aguas del río Huancabamba al río Piura. Además, se busca generar energía renovable mediante centrales hidroeléctricas.
Entre las obras del Peihap, están la perforación de un túnel trasandino de 12,73 km (solo se han avanzado 2,24 km en el distrito de Sondorillo) y la construcción de una presa tronera sur. Estos trabajos debieron estar listos en el 2013.
—Mucho ruido, poca obra—
La empresa brasileña Camargo Correa (hoy involucrada en el Caso Lava Jato) fue la primera en contratar con el Peihap para ejecutar la primera etapa del proyecto, que no tenía expediente técnico. El avance fue poco significativo, ya que se enfocaron en tareas previas, como la construcción de accesos y líneas de transmisión.
La firma del contrato se hizo en el 2010, durante el gobierno de Alan García y la gestión como primer ministro de Javier Velásquez Quesquén y la de César Trelles Lara como presidente regional. Previamente, vía Decreto de Urgencia 033-2009, se dispuso “asegurar el financiamiento” de la obra con S/75 millones.
Pese a que el Gobierno Regional de Piura aprobó hasta nueve montos adicionales por unos S/76 millones a favor de la firma brasileña, en diciembre del 2013 Camargo Correa paralizó las obras aduciendo la no aprobación de otros adicionales, y demandó al Estado Peruano. En total, a la constructora se le desembolsaron S/259’711.193,63, por concepto de pagos por adelanto, valorizaciones, laudos arbitrales e intereses legales.
Pasaron dos años para que se reanudara la obra, esta vez con el consorcio Obrainsa-Astaldi, de capitales peruanos e italianos. Frente a una población expectante que abarrotó el teatro de Chulucanas, en diciembre del 2015 el ex presidente regional Reynaldo Hilbck suscribió el contrato con estas empresas privadas.
En los meses siguientes, hubo desavenencias con comunidades aledañas al Peihap, que reclamaban proyectos sociales; y por la investigación fiscal iniciada a Obrainsa como parte del ‘club de la construcción’. Esto último generó pérdida de liquidez a la firma, que se declaró en imposibilidad de seguir con la obra y la abandonó en agosto del 2018.
Más de S/3 millones en menos de tres años se terminaron aprobando a favor del consorcio por concepto de adicionales, y en total se le cancelaron S/154’014.902,68. Además, están pendientes de resolverse 13 procesos arbitrales planteados por Obrainsa-Astaldi, por S/25 millones, al Gobierno Regional de Piura.
—Deudas y procesos—
El Proyecto Alto Piura ha ameritado diversos procesos administrativos y denuncias penales que incluyen tres gestiones regionales. Una de las más conocidas está en el despacho de la Sexta Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, e involucra al ex presidente regional Javier Atkins (2011-2014), en cuya gestión se habría favorecido a Camargo Correa con ampliaciones de plazo que no eran técnicamente procedentes.
En la denuncia se incluye a Reynaldo Hilbck como ex presidente del directorio del Peihap, en el 2013, a otros 14 ex funcionarios y tres representantes de la empresa brasileña. Los delitos imputados son colusión agravada y negociación incompatible. Dada la relación de Camargo Correa con el Caso Lava Jato, y que el proyecto Alto Piura se inició sin expediente técnico, también se responsabilizó en su momento al ex presidente regional César Trelles Lara (2003-2010) de ciertas irregularidades en el contrato.
En abril del 2018, durante la gestión de Hilbck como gobernador regional, se conoció que la Procuraduría Ad Hoc en Procesos Arbitrales perdió un litigio por S/64 millones frente a Camargo Correa. El procurador de aquel entonces, Luis Núñez, recibió la confianza y el respaldo de Hilbck, pese a los cuestionamientos.
Ello ameritó un proceso investigativo del consejo regional que terminó recomendando al Ministerio Público denunciar penalmente a Hilbck, Núñez y otros funcionarios por los presuntos delitos de colusión, omisión de actos funcionales, negociación incompatible y fraude en la administración de personas jurídicas.
-Otros perjuicios detectados-
Los proveedores impagos del Peihap presentaron, en noviembre del 2018, una denuncia penal contra el consorcio Obrainsa-Astaldi, acusándolo por los delitos de estafa y asociación ilícita para delinquir, dada la deuda que aún se mantiene con ellos por las obras inconclusas.
Tras una auditoría de cumplimiento, en diciembre del 2018 la Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/77 millones en la obra de construcción de la presa tronera y perforación del túnel trasandino. La responsabilidad, según la entidad, alcanza a veinte ex funcionarios.
Fuente El Comercio
