Han transcurrido más de diez años desde que por primera vez se conoció el caso Odebrecht en el Perú, no como consecuencia de las investigaciones judiciales que debieron iniciar en aquel momento nuestras autoridades nacionales, sino a raíz que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló a la comunidad internacional que la citada empresa había pagado sobornos a distintos funcionarios por montos aproximados de 29 millones de dólares entre los años 2005 y 2014 para obtener fraudulentamente obras públicas.
Hablamos del caso de corrupción más emblemático de la historia nacional, sobre el que se ha dicho y se sigue diciendo mucho, aunque los resultados, por el contrario, resultan cada día más frustrantes.
Lucha contra la corrupción como engaño
Me refiero a la infinidad de indagaciones, investigaciones y acusaciones contra cientos de personas —algunas ampliamente conocidas y otras soterradamente desapercibidas—, entre las que destacan expresidentes, exministros, exgobernadores, parlamentarios, empresarios, medios de comunicación, fiscales, jueces y toda una amplia gama de personajes de distintas características y matices que revelan una dimensión, por decir lo menos, catastrófica y ruinosa para la moral de cualquier nación.
La pregunta es qué se hizo o qué se dejó de hacer sobre el particular. Como siempre, lo primero que se dispuso fue crear todos los organismos públicos especializados que fueran posibles, entre policías, fiscalías, procuradurías, dependencias judiciales y toda clase de medidas en materia de control, en el supuesto, siempre entendido, de que había que manejar, como diera lugar, un fenómeno de corrupción de particulares proyecciones que, de escapar de las manos del gobierno, alteraría de forma significativa y justificada casi la totalidad de la clase política y empresarial de la nación.
Mala memoria
Como siempre sucede, la “mala memoria” para los gobernantes y los que aspiran a serlo funciona como fórmula matemática de escape, dependiendo, por supuesto, de quiénes se trate y de qué tan importantes podían ser los intereses económicos y políticos que estaban en juego.
Hablo de la mala memoria que tienen algunos políticos y gobernantes, en tanto que hasta la fecha impera la impresión de que los casos de gran corrupción en las altas esferas del poder y la gobernabilidad se prefirió “encapsularlos” en términos figurativos, emblemáticos y hasta metafóricos.
Me refiero a hacer lo indecible para que los hechos escabrosos que estaban siendo revelados se vayan diluyendo o desapareciendo con el paso del tiempo en la memoria colectiva.
Una referencia a lo real o a lo imaginario, en donde paulatinamente se vayan guardando los hechos del pasado y los malos recuerdos, que pueden estar asociados con sentimientos, frustraciones, sinsabores, malestares, mentiras, engaños, desidia y todo lo negativo que la mente humana puede imaginar relacionado con la corrupción.
Una manera de controlar el interés colectivo para que se desentienda y vaya desechando hechos conocidos o no conocidos, para que, de esa manera, todo vuelva otra vez a la normalidad como parte de la continuidad y del talante más que necesario.
Una parte importante de la clase política y empresarial está más que interesada en esconder actividades licenciosas y comprometedoras que podían poner en tela de juicio su misma trayectoria.
Transfiguración
Se trata de volver a la naturalidad —por no decir a la normalidad— a través de la transfiguración, como parte del mismo juego político sibilino en materia de develamiento de la corrupción.
Una especie de pacto anodino entre los que gobiernan, los gobernados ingenuos y, en el presente caso, los que de alguna manera aspiran a gobernar en los siguientes años.
Un acuerdo soterrado para, en alguna medida, manejar el mismo discurso, por comisión u omisión, como parte de una misma dicotomía, recurriendo a una lista interminable de promesas o mentiras que se sabe perfectamente que no se podrán cumplir.
Hablamos de evitar la transfiguración de la corrupción y de que se revele la verdadera cara de la corrupción, que no es otra que la partidocracia como correa de transmisión.
Impunidad como objetivo
No persigo ser catalogado como pesimista o algo parecido, pero la corrupción, bajo distintas modalidades, colores y matices, existe en todas partes.
Si la ley no dice nada sobre una conducta en particular, el hecho manifiesto, por más revelador y escandaloso que sea, no es corrupción en el plano legal.
Será, en el peor de los casos, una mera omisión administrativa que, como sabemos, en nuestro medio termina convirtiéndose en una conducta administrativa.
En efecto, el problema no es la corrupción. No es ella en sí misma. Es la impunidad que viene después de ella.
No me refiero a la impunidad en términos judiciales, jurídicos o legales, a través de la cual, en gran medida, se puede absolver al corrupto judicializado, tanto por ausencia o falta de pruebas como recurriendo siempre a lo más fácil: el paradigma y la metáfora de que todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario, u otros arquetipos legales que más parecen ser sacados de una novela jurídica de ciencia ficción.
Me refiero a la impunidad, en el presente caso, legitimada, legalizada y certificada por parte de los mismos órganos públicos encargados de hacer las leyes.
Bajo el precepto y amparo de la tipicidad legal, mientras existan leyes que protegen a los corruptos, qué mejor amparo que resguardarse legalmente frente a cualquier entidad que busca sancionarlos.
Borrón y cuenta nueva
Si escuchamos al político tradicional y a los que aspiran, de alguna manera, a llegar a gobernar y manejar el país en los próximos años, existe la impresión de que lo que impera es olvidar el pasado en materia de corrupción.
Poco o nada se ha dicho en las campañas sobre el particular, cuando debería ser un discurso generalizado frente a la magnitud del problema de la corrupción en el país.
Hablamos de olvidar lo ocurrido en el pasado como si no hubiera sucedido, como parte de una realidad manejada subrepticiamente y a propósito, en la que se mimetiza la corrupción con la política.
Hablamos de iniciar un nuevo periodo político en materia de gobernación, corrupción e impunidad, sin cargar con todo lo acontecido anteriormente.
Cleptocracia
Gran parte del problema de la corrupción en muchos países es su dimensión política y el rol que cumplen los partidos políticos.
Una corrupción que se procrea, engendra y fecunda con suficiente consistencia y persistencia en las relaciones que mantienen los partidos políticos y en la manera poco o nada transparente como se ejerce la gobernabilidad.
Ambas dimensiones se deben una a la otra, como parte de la misma madeja de relaciones, que hace que cada una de las facciones sea, en realidad, parte de un todo y del mismo problema.
Al final, no solo resulta invisible la corrupción, sino que no se logra distinguir o diferenciar entre las malas prácticas gubernamentales y lo que corresponde a un gobierno transparente.
Hablamos de la cleptocracia como aquel sistema de gobierno en donde los malos líderes corruptos utilizan el poder político para robar la riqueza pública y los recursos de un país, priorizando su enriquecimiento personal e intereses sobre el bienestar común.
Se institucionalizan la corrupción, el nepotismo, el partidarismo y el clientelismo, degenerando la democracia.
Fuente Diario Expreso
