La Contraloría General de la República (CGR) detectó que 12 municipalidades distritales del Cusco mantuvieron vínculos comerciales con proveedores que tenían impedimentos legales vigentes para contratar con el Estado. Esta situación compromete la legalidad y la transparencia en el uso de recursos públicos.
De acuerdo con los informes de Acción de Oficio Posterior, esta situación se presenta en las municipalidades distritales de Pichari, Cielo Punco, Ocobamba, Vilcabamba, Echarati, Ocongate, Marcapata, Quispicanchi, Ollantaytambo, Machu Picchu, Kosñipata y Mollepata.
Casos específicos de irregularidades
En la Municipalidad Distrital de Pichari, se evidenció un contrato por S/ 74 514 con una proveedora impedida para contratar con el Estado por ser hermana de un exalcalde. Además, situación similar se observó en la Municipalidad Distrital de Cielo Punco. Allí se advirtió la contratación de un asistente técnico impedido de prestar servicios a la entidad por ser hijo de un exregidor.
En la Municipalidad Distrital de Ocobamba, se detectó la suscripción de contratos por S/ 9300 con una persona sancionada por delitos contra la administración pública. Asimismo, en la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, se identificaron contratos por alquiler de camión y adquisición de materiales de construcción que suman S/ 107 318. Estos contratos también se hicieron con un proveedor que mantiene sanción vigente por corrupción.
En la Municipalidad Distrital de Echarati, se identificó la contratación de diversos servicios, entre ellos de alimentación y bebidas por S/ 67 001 y S/ 14 450, respectivamente. Dichos servicios fueron contratados con proveedores que mantienen vínculo familiar con regidores de la entidad.
Más contrataciones irregulares detectadas
En la Municipalidad Provincial de Quispicanchi, se pagó S/ 34 489 por la prestación de diversos servicios a una proveedora que tiene hijos en común con un exregidor. En la Municipalidad Distrital de Marcapata, se contrató por S/ 104 500 a una empresa cuyos accionistas son la hermana y la madre de la hija de un gerente municipal. Este omitió consignar este vínculo en su Declaración Jurada de Intereses 2025. Además, en esta misma comuna también se pagó S/ 8500 a una persona con sanción vigente por corrupción.
Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Ocongate suscribió un contrato por S/ 31 500 con un proveedor con sanción vigente por corrupción. También se identificaron situaciones similares en las municipalidades distritales de Ollantaytambo y Machu Picchu. Allí se registraron contrataciones por S/ 2200 y S/ 6400, respectivamente, con personas con sanciones vinculadas a delitos contra la administración pública.
En la Municipalidad Distrital de Kosñipata, se detectaron presuntas irregularidades al identificarse contratos por S/ 56 600 y S/ 4600 con proveedores sancionados. De igual forma, en la Municipalidad Distrital de Mollepata, se contrató por S/ 11 040 a una persona impedida de prestar servicios al Estado. En ambos casos, la sanción vigente es por delitos de corrupción.
Estos hechos identificados comprometen la legalidad de las contrataciones municipales al contravenir la normativa vigente. Funcionarios y servidores de las entidades involucradas incumplieron las prohibiciones establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.
La Contraloría General de la República notificó a las autoridades municipales para que, en el ámbito de sus competencias, adopten medidas correctivas y determinen posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados.
Fuente Diario Del Cusco
