Un informe de la Contraloría General de la República reveló presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Paiján, donde dos exfuncionarios habrían contratado como proveedores de otras entidades públicas mientras ejercían cargos dentro de la comuna, situación que la ley prohíbe expresamente por el posible conflicto de intereses.
De acuerdo con el Informe de Control Específico N.° 013-2026-2-2950-SCE, los hechos se registraron entre enero de 2023 y enero de 2024 y habrían ocasionado un perjuicio económico de S/127 mil al Estado.
Según la Contraloría, uno de los involucrados es Juan Bautista Cáceda, quien se desempeñaba como jefe de la Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Paiján.
El órgano de control señala que, mientras mantenía vínculo laboral con dicha municipalidad entre el 20 de enero de 2023 y el 12 de enero de 2024, fue contratado por la Municipalidad Provincial de Virú para elaborar fichas técnicas simplificadas del proyecto de creación de un complejo deportivo en Santa Elena.
Por estos servicios se emitieron tres órdenes de servicio, cada una por S/39 mil, alcanzando un monto total de S/117 mil.
La Contraloría sostiene que el entonces funcionario se encontraba legalmente impedido de contratar con otra entidad pública debido a las restricciones establecidas para servidores y funcionarios del Estado.
Otro funcionario también habría vulnerado la normativa
El informe también involucra a Roberto Aguilar Correa, quien ejercía el cargo de subgerente de Obras Públicas en la Municipalidad Distrital de Paiján.
Según la investigación, mientras desempeñaba dicho cargo fue contratado por la Municipalidad Distrital de Chocope para elaborar el expediente técnico del proyecto de construcción de nichos en el cementerio municipal.
Por este servicio recibió un pago de S/10 mil, contratación que, según la Contraloría, también vulneró las prohibiciones establecidas para funcionarios públicos.
Informe advierte presunto perjuicio económico
El órgano de control concluye que ambas contrataciones se realizaron pese a existir un impedimento legal para que los funcionarios contrataran con otras entidades públicas mientras ejercían sus funciones.
Como resultado de estas acciones, la Contraloría determinó un presunto perjuicio económico de S/127 mil, monto correspondiente a los contratos observados durante el periodo investigado.
El informe fue remitido a las instancias competentes para que se adopten las acciones administrativas, civiles o penales que correspondan conforme a ley.
La Contraloría recordó que los funcionarios públicos deben cumplir estrictamente las restricciones establecidas en la normativa de contrataciones del Estado para evitar conflictos de interés y garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.
El caso se suma a otras investigaciones impulsadas por el órgano de control en distintas entidades públicas de La Libertad relacionadas con presuntas irregularidades en la contratación de bienes, servicios y consultorías.
Fuente Causa Justa
