La corrupción en nuestro país se manifiesta de múltiples formas, desde la negociación incompatible hasta estructuras complejas de crimen organizado. Sin embargo, en el fondo de cada caso subyace el mismo problema. Una autoridad o trabajador del Estado abusa de su poder para obtener un beneficio personal, en lugar de trabajar por el bien de todos.
Con 377 casos de corrupción activos durante el primer semestre de 2025, Cusco concentra el 6% del total de investigaciones en el país. Así lo indican los datos más recientes de la Defensoría del Pueblo, que corresponden a junio de 2025. En la región, las autoridades más involucradas en casos de corrupción son las municipalidades. Estas concentran el 57% de los casos (215).
Peculado: el delito más frecuente
De los casos de corrupción registrados, el más común es el de peculado. De las 377 carpetas, 117 corresponden a esta modalidad, lo que representa el 31% del total. En la práctica, el peculado implica que un funcionario se apropia o desvía dinero o bienes –como maquinaria o materiales de obra– que el Estado le confió para su administración.
Para Erick Chuquitapa, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), el peculado es particularmente dañino porque desvía recursos que ya tenían un destino social. Así, transforma el patrimonio de todos en un activo personal que debilita la capacidad de respuesta del Estado frente a las necesidades de la población.
«El impacto va mucho más allá de la pérdida de dinero público: significa menos capacidad del Estado para responder a problemas urgentes y menos oportunidades de desarrollo para la población. En un país con grandes brechas sociales y limitados recursos fiscales, desviar fondos públicos implica retrasar inversiones en salud, educación, seguridad o infraestructura que podrían mejorar la calidad de vida de miles de personas. Por eso, la corrupción también frena el crecimiento económico y reduce la posibilidad de construir un Estado más eficiente, capaz de generar bienestar y atender las necesidades reales de la ciudadanía», explicó.
El costo de la corrupción es el desarrollo que no llega
El costo de este fenómeno se traduce en una pérdida directa de recursos para la población. Según el Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) de la Contraloría, cuya edición más reciente es de 2023, Cusco perdió S/13 por cada S/100 de gasto público debido a la corrupción. Esto suma un costo total de más de S/1,352 millones entre municipalidades, el gobierno regional y el gobierno central.
Sin embargo, la persistencia de estos delitos no solo afecta al presupuesto, sino que deteriora la confianza en las instituciones. Para frenar ese desgaste, diversos organismos proponen reformas estructurales que van desde el control interno hasta la fiscalización del financiamiento político. Según puntualiza Chuquitapa, es fundamental reforzar la aplicación de las medidas anticorrupción y establecer un Sistema Nacional de Integridad y Transparencia. Este sistema debe lograr coordinar a las instituciones encargadas –como la Procuraduría y la Fiscalía– de velar por su cumplimiento.
«Cuando el Estado no controla bien cómo se gasta el dinero público, la corrupción deja de ser una cifra lejana y se vuelve algo cotidiano para la gente: postas sin medicinas, colegios inconclusos, pistas rotas o obras que tardan años en terminar. Por eso, más que crear nuevas normas, el reto es vigilar mejor cómo se usan los recursos y evitar que las irregularidades queden impunes», sostuvo Chuquitapa.
Fuente El Diario
