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Así, este grupo investigador extenderá sus labores durante 98 días calendario más, para continuar con sus pesquisas sobre la injerencia de empresas constructoras en el Estado para la obtención de licitaciones y concesiones. Su presidente, Carlos Almerí (PP), dijo que esta prórroga resulta necesaria para presentar “un trabajo altamente calificado”.

Ante las consultas de los parlamentarios, Almerí indicó que la comisión ha entregado un informe preliminar sobre el tema. Al haber vencido el plazo original dado a esta el 13 de abril, la prórroga se aplicaría desde esa fecha, con lo que estaría presentándose el reporte antes de que este Congreso culmine sus funciones.

El parlamentario señaló que, a lo largo de los últimos meses, se ha convocado a funcionarios de todo nivel y de diversas entidades, a los que se ha consultado también qué medidas han adoptado en estas instancias para prevenir actos de corrupción.

La comisión quiere dejar también aportes para que pueda reforzarse la transparencia en los procesos de compra y contratación pública, indicó. Esto impedirá que se repita el favorecimiento del que han sido objeto personas jurídicas o naturales cercanas a las autoridades respectivas.

La prórroga fue aprobada con 87 votos a favor, ninguno en contra y nueve abstenciones.

El campo de investigación de este grupo parlamentario se inicia en la década de 1990 y aborda a todas las instancias del Estado, pero privilegia lo actuado desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La Comisión Investigadora fue instalada el 16 de octubre del año pasado.

Fuente Andina

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