Por inaplicación de penalidades a proveedores, la Contraloría General de la República determinó un perjuicio económico de 101.108 soles debido a que funcionarios del Gobierno Regional de Áncash (GRA) otorgaron conformidad a la entrega de equipos médicos y otros activos para el hospital La Caleta de Chimbote, región Áncash, pese al incumplimiento de plazos y condiciones previstas en el contrato.
La Contraloría, a través de una nota de prensa, informó que la contratación directa para la compra de dichos bienes ascendió a 7 165 985 soles y se realizó en el marco del Plan Regional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención de la COVID-19, aprobado por el GRA en marzo del 2020; en este se consideró la remodelación de un ambiente complementario en el antiguo nosocomio de Chimbote y su respectivo equipamiento para su funcionamiento.
Cabe indicar que en el Informe de Control Específico n.° 056-2021-2-5332, que comprende el periodo del 2 de marzo al 31 de agosto del 2020, se detalla cómo los proveedores adjudicados incurrieron en retrasos injustificados de hasta 56 días en la entrega, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de lo adquirido: tres ambulancias rurales tipo II equipadas, cuatro oxímetros de pulso, 19 bombas de infusión doble canal, cinco aspiradores de secreciones rodables y siete coches de paro.
El ente de control detectó que los funcionarios y servidores del GRA gestionaron el pago por la totalidad del monto contractual a pesar de que los proveedores efectuaron la entrega de los bienes fuera de los plazos, lugar y condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y órdenes de compra emitidas, por lo que correspondía la aplicación de penalidades por retraso injustificado, como lo establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El informe de servicio de control específico fue elaborado por el Órgano de Control Institucional del GRA y fue comunicado al gobernador regional para el deslinde de responsabilidades de los 12 servidores públicos comprendidos en los presuntos hechos irregulares, y a la Procuraduría Pública Descentralizada Anticorrupción del Santa para las acciones legales penales contra los mismos.
Fuente La República
