El Gobierno Regional de Arequipa, desde el 2012, ha utilizado un sistema paralelo a la Ley de Contrataciones del Estado. El creador de ese modelo de contrataciones directas, al margen de la Ley, es el gerente general Jorge Luis Aguilar.
DENUNCIA. Presidente Juan Manuel Guillén junto a Jorge Aguilar y Sarah Peña, funcionarios investigados por Fiscalía de Lima. (La República)
SE COMPLICA. Con sistema ilegal creado por gerente general Jorge Luis Aguilar se pagó más de S/.36 millones. Fiscalía habrá investigación y se tomará ocho meses.
Bajo este sistema de contrataciones sin procesos de selección, la Región realizó adquisiciones de 74 empresas proveedoras, por un monto de S/. 36 millones 770 mil.
Entre las 74 figuran: Freyssinet Tierra Armada Perú SAC, que hizo un contrato directo con la Región por S/. 10 millones 596 mil. Iguana Producciones SA, con un contrato por S/. 8 millones 177 mil. Pacífico Distribuciones SAC, con S/. 2 millones 572 mil. Constructora y Consultora Meta SAC, con S/. 2 millones 122 mil.
Además de DCR Minería y Construcción SAC, con S/. 1 millón 950 mil. Grifo Las Peñas SRL por S/. 1 millón 595 mil. Naandan Jain Perú SAC, por S/. 1 millón 258 mil y Conductores y Cables del Perú SAC por S/. 1 millón 24 mil, el resto tiene contratos directos por menos de un millón de soles.
DENUNCIA
La Fiscalía Supraprovincial ha formalizado la investigación preparatoria contra Jorge Luis Aguilar y la funcionaria Sarah Peña.
Ellos son presuntos autores del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible.
Al presidente regional, Juan Manuel Guillén, se le denuncia como presunto cómplice primario de dicho delito.
La investigación también alcanza a los proveedores. El fiscal supraprovincial Anticorrupción, Hamilton Castro Trigoso, ordenó registrar las fichas RUC de los proveedores y realizar la consulta con el Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas.
Exige a su vez la declaración de los representantes de las empresas, y en el caso de obras, la declaración de los supervisores y residentes de obra.
En la disposición de la formalización de la investigación, el fiscal ha dispuesto que se recabe información acerca de los celulares asignados a la presidencia regional (Juan Manuel Guillén), gerencia general (Jorge Luis Aguilar) y del Área no estructurada de Proyectos Especiales (Sarah Peña), de los años 2011 al 2014.
Exige la información completa de los bienes muebles e inmuebles que se registren a nombre de los tres investigados, además de sus antecedentes penales y judiciales, pide el movimiento migratorio de Guillén, Aguilar y Peña.
GUILLÉN SE LIMPIA
La carpeta fiscal revela que después de un año y medio de aplicarse este mecanismo ilegal, el presidente regional recién pidió, en marzo del 2014, mediante Oficio N° 177 del 2014, la sustentación escrita de las contrataciones directas que había ideado Aguilar.
En su declaración, Guillén sostiene que Aguilar nunca cumplió con su orden, por el contrario suscribió 15 contratos directos más, después de que Guillén cuestionó el proceso.
Uno de ellos es el contrato con Iguana Producciones para la implementación y equipamiento del Museo Virtual Mario Vargas Llosa, ubicado en la Av. Parra.
De esta investigación se libraron el jefe de la Oficina de Logística, Braulio Carpio; el jefe de Administración, Juan José Velille, el gerente de Infraestructura, Delfor Sarmientos, y otros, porque se opusieron a la política de contrataciones directas implementada por el gerente general.
La funcionaria Sarah Peña no debió formar parte de la investigación, sin embargo se la involucra porque firmó 35 contratos directos relacionados al proyecto del puente Chilina.
El fiscal sostiene que en algunos de ellos, fue la propia Sarah Peña quien seleccionó a los consultores.
INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA DE LIMA SOBRE LA NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE
Un equipo de trabajo de la Fiscalía Supraprovincial de Lima estuvo en Arequipa, entre el 27 y 30 de agosto, recabando información y haciendo diligencias sobre la presunta comisión del delito de negociación incompatible. Los imputados son el gerente general del la Región, la funcionaria Sarah Peña y el presidente regional.
La investigación preliminar se formalizó, y ahora la Fiscalía de Lima deberá determinar si los investigados han obtenido algún beneficio o han beneficiado a los proveedores con las contrataciones directas.
Si la Fiscalía comprueba un aprovechamiento indebido, según el artículo 399 del Código Penal, los funcionarios podrían recibir una pena de cárcel de hasta 6 años.
Dicho artículo establece: El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta, o por actos simulados se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años y la inhabilitación de sus funciones.
Fuente La Republica
