Como ha señalado acertadamente nuestra primera presidenta constitucional de la República, elegida por voto popular para conducir los destinos del país durante el presente quinquenio, en su mensaje a la nación ante el Congreso de la República el pasado 28 de julio, es necesario reconocer que actualmente enfrentamos un Estado debilitado por la corrupción y la ineficiencia burocrática.
Como ya lo expuse en esta columna de opinión, en 2023 el Estado peruano perdió más de 24,268 millones de soles, cifra que representa el 12.7% del presupuesto público ejecutado. Esta pérdida se debió a casos de corrupción e inconducta funcional detectados en instituciones del Estado, en los tres niveles de gobierno.
Lamentablemente, dicha cuantificación técnica y especializada ya no está disponible ni ha sido actualizada. Por ello, hoy se desconoce a cuánto ascienden las pérdidas que experimentamos todos los peruanos por este flagelo durante los periodos 2024 y 2025.
Esta medición habría permitido monitorear si el problema persiste o si el Estado logró reducir sus efectos en la gestión y el manejo de los recursos públicos, gracias al control interno y externo.
Lo que sí podemos percibir son sus efectos directos en la calidad de vida de las personas, sobre todo de los más pobres y vulnerables, que son los que sufren más intensamente las consecuencias de la corrupción en el manejo de los fondos públicos al no tener un sistema de salud que los asista, un sistema de seguridad ciudadana que los proteja, un sistema de educación que forme e instruya a sus hijos e hijas, un sistema de justicia que garantice sus derechos, un sistema de protección social que les garantice una infraestructura básica y una vivienda digna, entre otros. Es decir, un Estado que funcione bien. Y es que la corrupción y la inconducta funcional no solo generan pobreza, incrementan la desigualdad porque sus consecuencias no afectan a todos por igual.
¿Qué puede hacer el Gobierno a corto plazo en el marco de un proceso de racionalización del gasto y mejora de la eficiencia de la operación estatal? Un aspecto clave será integrar en un nuevo sistema administrativo de control interno —mediante la modificación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo— los actuales sistemas funcionales de integridad y transparencia, así como las acciones de control previo y concurrente que hoy ejecuta la Contraloría General de la República (a través de la modificación de su Ley Orgánica). Esta medida permitiría perfeccionar la situación actual, donde el control externo asume funciones que deberían corresponder a un sistema de control interno efectivo, como lo demuestra la experiencia internacional comparada de numerosos países desarrollados.
Esto implica concentrar bajo una sola entidad del Poder Ejecutivo las oficinas de transparencia y acceso a la información, las oficinas de integridad y las oficinas de control institucional. Ello en razón de que una entidad que solo se dedique al control externo posterior en un país unitario como el nuestro no requiere oficinas desconcentradas a nivel nacional, como sí es intrínseco a un sistema de control interno, que no solo previene, sino que asesora y coadyuva al cumplimiento de los objetivos institucionales, y no únicamente de cumplimiento legal.
Las ganancias en eficiencia por las economías de escala y alcance de esta integración liberarían recursos presupuestarios a partir del próximo ejercicio fiscal y, gracias a sus positivos efectos en la lucha contra la corrupción e inconducta funcional, generarían parte del espacio fiscal intertemporal, necesario para cerrar la brecha de infraestructura dentro de una política prudencial en el manejo de las finanzas públicas, que junto con la independencia del Banco Central de Reserva han sido los pilares de la solidez macroeconómica de nuestro país, que nos ha permitido resistir (aunque con grandes costos en materia de crecimiento y desarrollo) la enorme volatilidad política e institucional de los últimos años.
Nelson Shack
Fuente Perú21
