Conjuntamente con la inseguridad ciudadana, que es el principal problema que aqueja a la sociedad, la corrupción continúa siendo el mayor problema estructural que destruye la confianza ciudadana en las instituciones y sus autoridades al tener efectos transversales.
De hecho, una parte importante de los problemas de inseguridad ciudadana se debe a los severos problemas de corrupción que afectan las funciones estatales como la legislativa, policial, fiscal y judicial.
Y, como ocurre con todo problema público complejo, no puede resolverse si no se comprende cabalmente; para ello es indispensable cuantificarlo con el respaldo de instituciones comprometidas con la vigilancia del uso correcto de los fondos públicos y la rendición de cuentas. Lamentablemente, hoy —por desidia, incompetencia, intereses subalternos y miopía de las autoridades— desconocemos el monto real de la pérdida de recursos públicos por corrupción, los lugares donde se producen los hechos y los mecanismos mediante los cuales se generan a nivel agregado. Sin esa información no es posible segmentar y focalizar una estrategia de intervención basada en riesgos ni establecer un régimen de sanciones claro y ejemplar. Solo disponemos de casos aislados, muchos casos, pero carecemos de una visión sistémica e integral.
El último dato empírico consistente que se tiene es del análisis del año 2023, en el que la pérdida por corrupción en la gestión de los recursos públicos ascendió a 24,268 millones de soles, lo que representó el 12.7% del presupuesto ejecutado y 2.4% del producto bruto interno, exhibiendo una caída sostenida desde 2019, donde esas proporciones eran de 14.9% y 3.0% respectivamente.
Los avances eran palpables, pero la tasa de reducción fue muy lenta —apenas medio punto anual—. Para acelerar el cambio se requieren reformas estructurales en el servicio civil, en el sistema de control, en la gestión policial y en el sistema de justicia, además de una mejora sustancial de la calidad regulatoria y una verdadera simplificación administrativa.
Aunque para la ciudadanía en su vida cotidiana el Estado es uno solo y las dimensiones donde penetra la corrupción (en la gestión de los recursos públicos, en la gestión de la regulación y en la gestión de los servicios públicos) se superponen, el no disponer de evidencia empírica robusta hace que el proceso de toma de decisiones estratégica, táctica y operativa no sea el adecuado.
¿Cuántos hospitales, colegios, kilómetros de carretera y redes de agua y alcantarillado se podrían construir si redujéramos las pérdidas por corrupción en la gestión de fondos públicos en tan solo un tercio durante un quinquenio? Ahí está gran parte del espacio fiscal que necesitamos. Luchar de manera efectiva contra la corrupción no solo recupera recursos: protege el valor público y permite racionalizar y mejorar la calidad del gasto, con efectos directos en el bienestar ciudadano.
Las expectativas ciudadanas frente al nuevo gobierno deben incluir, además, la comprensión de que no es posible combatir lo que no se puede cuantificar ni conocer. Es imprescindible adoptar las medidas necesarias para que, aprovechando los actuales mecanismos de analítica de datos, interoperabilidad e inteligencia artificial, se diseñe una ruta efectiva contra la corrupción en los tres niveles de gobierno. Solo así se garantizará el buen uso de los fondos públicos y se reducirá el enorme costo de oportunidad que afecta a peruanos y peruanas.
Nelson Shack
Fuente Perú 21
