La efectividad de la nueva norma que obligará a cualquier agente que brinde una asesoría al Estado a presentar una declaración jurada que revele todas sus relaciones de negocios previas será aún limitada. Dependerá del grado de monitoreo de las entidades públicas que la incorporen en sus protocolos de contratación. La medida fue publicada este fin de semana por decreto supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el marco del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
“Antes solo lo exigían algunas entidades según su propia regulación interna, ahora se está estableciendo con carácter general”, dijo Carlos Caro, socio del estudio Caro&Asociados.
Además, la norma aún presenta imprecisiones que deberán resolverse para aumentar su efectividad. Por ejemplo, no especifica cuáles serían las sanciones aplicables en caso de incumplir la nueva obligación. “No queda claro qué sanciones se van a aplicar. Éstas deben estar claramente especificadas por ley”, indica Maria Teresa Quiñones, directora de la Escuela de Gestión Pública de la UP.
Asimismo, “no se indica de manera explícita cuáles serían las acciones inmediatas que debe realizar la entidad encargada de supervisar cuando se detecte que los hechos declarados sean falsos”, según Diego Abeo, asociado de Dentons.
La norma sí tendrá algunos efectos inmediatos. Los altos costos asociados a ésta aumentarán la eficiencia en las contrataciones públicas. “Hay una carga administrativa muy fuerte para las dos partes: por un lado los consultores deben ser diligente respecto a la información que van a revelar y, por otra, el Estado tiene que custodiar la información que va a recibir”, agrega Yong.
NUEVO ALCANCE
La norma extiende la obligación de presentación de declaraciones juradas a asesores y consultores externos en entidades de la administración pública que participen en la ejecución de obras por iniciativa pública o privada. Esto incluye procesos para la elaboración de expedientes técnicos y asesorías a las altas direcciones de las entidades del Estado.
“En las iniciativas públicas siempre se contratan asesores externos porque la destreza y experiencia para analizar temas específicos no la tiene ProInversión. No creo que [anteriormente] haya habido un escrutinio previo a cada consultor externo contratado para saber si ha asesorado a partes que podían estar en conflicto. Recién se está exigiendo que se presenten declaraciones de eventuales conflictos de intereses”, indica Javier Illescas, ex director de ProInversión.
La declaración jurada se presentará dentro de los 15 días de que se establezca el contrato, así como al momento de extinguirse el vínculo contractual y en caso de que surja alguna actualización en el contrato vigente. “El decreto supremo tiene como objeto cumplir con las recomendaciones de la OCDE del año 2017 en materia de integridad en el Perú. Anteriormente los consultores estaban en un limbo”, dijo Quiñones, de la UP.
NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS
La nueva norma se emite en un contexto en el que vienen apareciendo posibles conflictos de intereses entre estudios de abogados que brindaron asesorías al Estado. Hace dos semanas, integrantes del Equipo Especial Lava Jato, en el marco de la investigación preliminar por el caso Gasoducto Sur Peruano, allanaron 25 inmuebles entre los que se encontraban las oficinas de los estudios Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU) y Echecopar y Muñiz. Aparentemente habría conflictos de intereses en asesorías realizadas por ambos. Al respecto, el PPU indicó mediante un comunicado que el Estudio aceptó la separación voluntaria de sus trabajadores investigados mientras dure el proceso.
“Muchas entidades públicas quieren una opinión externa legal y contratan un estudio de abogados, pero no suelen saber si están contratando a alguien que ha tenido como cliente a la parte sobre la cual se está pidiendo una opinión”, comenta Illescas. La norma cumpliría una función preventiva. “Puede evitar a futuro que los asesores externos puedan presentar incompatibilidades, o se sepa desde el inicio si hay una incompatibilidad potencial, de tal manera que las autoridades puedan decidir si contratan o no asesorías externas”, agregó Caro.
ESPECIFICACIONES PENDIENTES
Especialistas consultados coinciden en que la norma no especifica cuáles serían las sanciones aplicables en caso de incumplir la nueva obligación. “La norma no sirve de nada si la información presentada no es objeto de revisión”, dice Caro. “El decreto supremo está en la línea correcta pero es mejorable. No queda claro qué sanciones se van a aplicar. Éstas deben estar claramente especificadas por ley”, indica Quiñones.
Asimismo, “no se indica de manera explícita cuáles serían las acciones inmediatas que debe realizar la entidad encargada de supervisar cuando se detecte que los hechos declarados sean falsos”, según Diego Abeo, asociado de Dentons.
Fuente Semanada Económica
