Dos exfuncionarias encargadas de hacer control en las Fuerzas Armadas fueron sorprendidas sacando documentos, nada más y nada menos que del Cuartel General del Ejército. Lo sustraído tenía como finalidad justificar el Informe de Control 004, a pesar que ya había sido presentado por la comisión auditora.
El Órgano de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República (CGR) detectó serias deficiencias en una auditoría de cumplimiento realizada por el Órgano de Control Institucional del EP.
En el “Informe de Recopilación de Información N°000001-2025-CG/SRIHIAEP-RCR-RI”, se revelan inconsistencias técnicas, omisiones y actuaciones cuestionables.
Entre los sancionables figuran Ana Bailón Palomino y Thalía Domínguez Gonzales, por el controvertido Informe N°004-2025-2-0284-AC del OCI-EP. El 27 de junio, ambas intentaban ingresar a las oficinas de control en el “Pentagonito” de San Borja.
Fuera de tiempo
El Acta 001-2025-AYPB-TEDG señala las cuatro de la tarde, “manifestando que se encontraban con la finalidad de culminar los papeles de trabajo, así como de revisar el estado situacional de los mismos dejados”, papel que ya no desempeñaban desde el 30 de abril.
“El teniente coronel Guizado Ludeña Robert, Oficial de Seguridad del Cuartel General del Ejército y el Tec. Primera Ramírez Alpaca Carlos, del Departamento de Seguridad del Cuartel General del Ejército del Perú, señalaron que ya no podían ingresar al Órgano de Control Institucional porque ya no se encontraban laborando en él”. se lee.
El propósito del control ahora observado era verificar la legalidad de los servicios de mantenimiento a helicópteros MI-8MTV1 de la Aviación del Ejército.
Sin embargo, el análisis interno halló que el entonces subgerente de Control del Sector Seguridad Interna y Externa, Johnny Rubina Meza, no ejerció una supervisión técnica adecuada, pese a contar con profesionales como Jeannette Barriga, Lizverly Chávarry y Miriam Román.
Se advierte que el OCI-EP no comunicó oportunamente las observaciones a la entidad auditada, violando la Directiva N°013-2022-CG/NORM. Esta exige alertar sobre situaciones adversas para que puedan corregirlas.
Esta omisión intencional, según el órgano revisor, impidió que las irregularidades se subsanaran a tiempo, facilitando posteriores sanciones injustificadas.
Paradójicamente, los helicópteros cuestionados por el OCI-EP —con matrículas EP-643, EP-650, EP-660, EP-662 (Ejército) y FAP-602, FAP-606, FAP-607, FAP-614 (Fuerza Aérea)— se encuentran operativos y en pleno servicio, por lo cual se habría cumplido la finalidad pública de las contrataciones.
Entre los hallazgos más graves se encuentra la inclusión de “desviaciones de cumplimiento” sin sustento legal, que no fueron mencionadas durante las etapas previas de control concurrente, pero aparecieron repentinamente en la fase posterior.
Inventan requisitos
Estas observaciones exigían a la Aviación del Ejército y al Servicio de Mantenimiento del Ejército (SMGE) contar con certificaciones o autorizaciones de los fabricantes rusos de helicópteros —un requisito que la Ley de Contrataciones del Estado no contempla.
A ello se suma la utilización de una carta de la empresa estatal rusa NASC (3 de mayo de 2023), no tramitada por Cancillería ni apostillada, y sin traducción oficial, lo que invalida su uso como documento probatorio.
Además, Rubina, Bailón y Domínguez prescindieron de un especialista en Ingeniería Aeronáutica, indispensable para evaluar técnicamente los descargos de los oficiales del Ejército.
Fuente Diario Expreso
