Luego de casi 20 meses de la puesta en marcha de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), el avance en la reposición de la infraestructura afectada por El Niño costero de inicios del 2017 aún es lento y muestra una baja eficiencia.

Según cifras de dicha entidad, desde junio del 2017 (fecha en que se inició el proceso de reconstrucción) hasta diciembre del año pasado, se transfirieron S/5.300 millones a las unidades ejecutoras de ministerios y gobiernos subnacionales de las 13 regiones afectadas.

Esta cifra representa solo el 20,6% del total asignado para las obras previstas en el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios (S/25.655 millones). Según el Ejecutivo, las obras contempladas en este plan deben terminarse antes del 2021, es decir, quedan por transferirse más de S/20.200 millones.

Respecto a los recursos asignados hasta hoy, se observan distintos niveles de avance. A diciembre, solo S/1.330 millones correspondían a obras concluidas o entregadas, cifra que equivale solo al 5% del monto total que se prevé destinar a la reconstrucción. Del resto, S/1.830 millones están en ejecución y otros S/2 mil se encuentran en declaratoria de interés o convocatoria.

—Avances por zonas—

Si bien el norte concentra el 80% de las transferencias realizadas a la fecha, el desembolso de recursos y la ejecución de las obras presentan variaciones según regiones. En Piura, la región más afectada por las lluvias e inundaciones, el Ejecutivo ha transferido S/1.976 millones, de los cuales solo se ha concluido el 29% (S/576 millones).

Lambayeque ha recibido S/730 millones, mientras que en La Libertad se asignaron S/720 millones; sin embargo, en ambas regiones el monto de obras culminadas es de 31% y 23%, respectivamente.

Áncash recibió S/400 millones para financiar intervenciones, mientras que Tumbes recibió transferencias por S/175 millones. La tasa más alta de conclusión se observa en esta última (72%), mientras que en Áncash llega al 25%.

—Cambios y dudas—

Según la ARCC, la reconstrucción tuvo un cambio de rumbo desde el inicio del gobierno de Martín Vizcarra, con la aplicación de un nuevo marco normativo desde junio del 2018. Desde su puesta en marcha, las inversiones pueden iniciarse directamente con la elaboración de expedientes técnicos, sin la necesidad de contar con estudios de preinversión que demuestren su idoneidad.

En el último año, el énfasis del actual gobierno también estuvo enfocado en darle protagonismo a las regiones y municipios. Estos últimos aumentaron su participación en el proceso, pasando de administrar el 16% de los recursos de la reconstrucción en setiembre del 2017 hasta un 49% (S/12.526 millones) hacia el 2021. En contraste, la participación de los ministerios bajó del 77% al 49% (S/12.015 millones). El 4% recae en los gobiernos regionales.

Sin embargo, las críticas formuladas a la eficacia del proceso llegaron desde distintos frentes. En diciembre, a pocas semanas de asumir sus cargos, los gobernadores electos de Piura, La Libertad y Áncash reconocieron lentitud en obras ejecutadas tras daños de El Niño costero. Asimismo, a finales de octubre, la Contraloría General de la República advirtió “ineficacia” en la reconstrucción.

El director de la ARCC, Edgar Quispe, señala que las transferencias realizadas generarán inversiones de S/9.500 millones, 39% del monto total a invertir hasta el 2021. “Ahora contamos con muchos expedientes técnicos que no teníamos en diciembre del 2017. El 2019 será el año de la ejecución de muchas intervenciones, para lo cual hemos previsto invertir S/7.000 millones”, explica.

Durante el 2018, los tres niveles de gobierno ejecutaron en conjunto S/1.800 millones para obras de la reconstrucción, que equivale al 40% de lo transferido ese año (S/4.300 millones).

—Tema de fondo—

Uno de los principales retos del proceso para este año será el cambio de autoridades y equipos técnicos en las regiones y municipios.

En su último reporte de inflación, el Banco Central de Reserva estima que el gasto total de inversión pública de las regiones caería en 6,8% durante el 2019, mientras que en los municipios bajaría en 13,3%.

José Luis Bonifaz, director de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, señala que frente a este escenario la reconstrucción podría dinamizarse aplicando herramientas de gestión previstas en el nuevo marco normativo, como las oficinas especializadas en gestión de proyectos (PMO por sus siglas en inglés), que permitan empaquetarlos y licitarlos mediante obras por impuestos (OXI) o como obras públicas a operadores medianos o grandes.

“Cada gobierno regional podría tener su oficina de gestión de proyectos para firmar contratos con otros estados y que haya transferencia de conocimientos. Para que esto suceda tienen que ser intervenciones complejas”, explica.

Este esquema es utilizado en la construcción de infraestructura deportiva para los Juegos Panamericanos, a través de un convenio con el Reino Unido.

Rafael Barrio de Mendoza, investigador principal del Grupo Propuesta Ciudadana, señala que aún es pronto para evaluar los cambios implementados al proceso por el Ejecutivo. “Las reglas de juego recién han podido implementarse y reaprenderse por las múltiples unidades ejecutoras en el último trimestre del año pasado”, comenta.

Si bien las cifras de conclusión y ejecución aún son bajas, el especialista añade que debe tomarse en cuenta la particularidad de las obras en cada sector o nivel de gobierno.

Sin embargo, Barrio de Mendoza considera importante que el proceso tenga en cuenta el ordenamiento territorial y defina una adecuada ocupación del espacio urbano. “La reconstrucción parece más una conexión desarticulada de intervenciones que un plan que tenga un horizonte coherente”, opina.

Fuente El Comercio

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