El Poder Judicial condenó a 4 años de cárcel efectiva al exalcalde del distrito de Las Pirias, provincia de Jaén, región Cajamarca, Segundo Lorenzo Fernández Frías, por el delito de colusión. Asimismo, se sentenció a dos exfuncionarios y tres contratistas por el alquiler irregular de tres camionetas en 2015.
Se trata del ex gerente municipal, Pedro Enrique Lozada Vidaurre, y el exjefe de Abastecimiento, Hernán Quispe Paquirachin, quienes cumplirán la misma sentencia que el alcalde distrital, la inhabilitación de la función pública por similar cantidad de años y el pago de 200 días multa.
También fueron sentenciados los contratistas Iván Castro Toro, Miguel José Tineo Vásquez y Jhon Marlon Herrera Pérez, a tres años de prisión suspendida por dos años. Estas tres personas deberán realizar el pago de 180 días multa y cumplir la inhabilitación por el mismo plazo de la condena.
La sentencia también estableció que los condenados cancelen tres pagos de S/ 20.000 que deberán ejecutar solidariamente por concepto de reparación civil por los tres hechos acreditados.
Hechos
Según pudo acreditar el Ministerio Público, en 2015, a los pocos días de haber asumido la alcaldía, Fernández Frías, con la anuencia y visto bueno del ex gerente municipal y del exjefe de Abastecimiento, procedió a contratar tres camionetas para supuestos trabajos de supervisión y traslado del burgomaestre.
Fue así que el 12 de enero, Fernández Frías celebró un contrato de alquiler de vehículo por tres meses con Castro Toro. Posteriormente, el 4 de mayo, firmó otro contrato de alquiler con Tineo Vásquez, y el 1 de julio acordó similar prestación de servicio con Herrera Pérez. Todos ellos por S/ 4.500 mensuales.
Sin embargo, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque precisó que dichas contrataciones se llevaron a cabo entre graves irregularidades, pues no existía la necesidad del servicio ya que la municipalidad sí contaba con una camioneta para el traslado del alcalde.
Las camionetas fueron alquiladas en forma directa, sin convocar a un proceso de selección y sin cumplir con los mínimos procedimientos, siendo que, luego de hacerse pública la denuncia, los sentenciados procedieron a elaborar la documentación sustentatoria a fin de dar una apariencia de legalidad.
Fuente La República
