Agentes de la Dirección Nacional de Lavados de Activos en acción conjunta con Fiscales Anticorrupción de Lima que llegaron a Tarapoto y de inmediato allanaron dos viviendas del exgerente general del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM), involucrado en el caso Lava Jato por la construcción de la carretera Cuñumbuque – San José de Sisa.
Según información policial, el ex gerente general del PEHCBM fue encontrado junto a su esposa en una de sus viviendas, ubicada en la cuadra tres del jirón Amorarca del distrito de Morales. Mientras revisaban todos los ambientes, documentos y computadoras, varios agentes policiales de Tránsito y de la Unidad de Servicios Especiales brindaron seguridad en los exteriores del inmueble.
Los allanamientos se iniciaron a las ocho de la mañana, un grupo de agentes lo hizo en la cuadra dos del jirón Amazonas del Barrio Punta del Este, donde supuestamente vive Díaz Espinoza, otro grupo lo hizo en la cuadra tres del jirón Amorarca del distrito de Morales.
Pasada las tres de la tarde de ayer, el intervenido fue conducido al Instituto de Medicina Legal para pasar reconocimiento médico.
“Me estoy poniendo a disposición de las autoridades” manifestó Marcos Díaz al momento de ingresar a Medicina Legal, cuando se le preguntó si se entregó, respondió que sí, mientras que fuentes policiales señalan que fue intervenido, razón por el cual tendrá que ser trasladado a la capital de la República para ponerle a disposición del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público.
Por el momento no se brindó más información sobre la situación jurídica del ex gerente general del Proyecto Huallaga Central y Bajo Mayo, a quien le sindican de estar involucrado en presuntos sobornos por parte de la Empresa brasilera Odebrecht, en la ejecución del asfaltado de la carretera Cuñumbuque – San José de Sisa, durante la gestión del presidente regional, César Villanueva Arévalo. (Hugo Anteparra)
Antecedentes
El Diario El Comercio publicó un informe sobre las imputaciones, de acuerdo al documento de formalización de investigación al que accedió El Comercio, Juan Carlos Páucar Guerra, Juan Carlos Silva Dávila y Marcos Díaz Espinoza, los tres exfuncionarios del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM), habrían participado en una presunta aprobación irregular de resoluciones a favor de Odebrecht.
Para la fiscalía, su conformidad permitió que la empresa entable un arbitraje contra el GRSM para exigir el reconocimiento de S/44’900.000.
“Este accionar de los funcionarios del proyecto [PEHCBM] de avalar una solicitud elaborada por la empresa Odebrecht […] a sabiendas de la falsedad de sus afirmaciones, denotaría el ánimo de perjudicar al Estado en su patrimonio”, se lee en la resolución que investigaba el caso en aquel entonces.
A ello se suma que un tribunal arbitral ad hoc resolvió en el 2013 que el PEHCBM debía pagarle a Odebrecht más de S/25 millones. Los tres árbitros que tomaron esa decisión son investigados por el equipo especial Lava Jato, por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita y cohecho, por presuntamente haber favorecido a la empresa brasileña en distintos arbitrajes contra el Estado.
—El reclamo y el fallo— En el 2012, la constructora brasileña solicitó el inicio de un arbitraje contra el PEHCBM por diversos aspectos, como “la mayor permanencia de los equipos movilizados por Odebrecht en la zona de la obra”.
Por este requerimiento, se formó un tribunal arbitral ad hoc que estuvo integrado por los árbitros Mario Castillo Freyre, Alfredo Zapata Velasco y Ricardo Espinoza Rimachi. En el 2013, ellos concluyeron que el PEHCBM tenía que pagarle S/25’922.630 a Odebrecht.
El 7 de enero del 2015, la entonces procuradora del Goresam, Sonia Linares, apeló la decisión arbitral y pidió anularla. En diálogo con El Comercio, Linares declaró que Carlos Ulloa, su antecesor en la procuraduría durante la gestión de Villanueva, fue quien buscó ocultar información para no impugnar la decisión que favorecía a Odebrecht. “Fue asquerosa la forma como se llevó la defensa del laudo”, sostuvo.
En el 2015, la Segunda Sala Comercial de Lima anuló estos fallos y Odebrecht apeló ante la Corte Suprema. En el 2017, la máxima instancia judicial desestimó el pedido y exigió que el expediente volviera a ser evaluado por el tribunal arbitral, pero dos de los tres árbitros renunciaron.
Descargos
Por aquel entonces, en comunicación con el Diario El Comercio, Marcos Díaz, aseguró que las resoluciones del tribunal –que reconocían los reclamos de Odebrecht– fueron “de acuerdo a ley”.
El exprocurador Ulloa negó a este Diario haber puesto obstáculos al avance del proceso arbitral, como aseguró su sucesor, y dijo que en su período este no concluyó. Fuentes: Diario El Comercio, Poder Judicial
Fuente Voces
