En primera instancia, la Fiscalía acusó a Pablo Alex Zevallos Tipiana (residente de obra), a Camilo Orlando Saavedra Huaylla (supervisor de obra) y a Milton LLancari Díaz (representante legal de la empresa “M&L Servicios y Construcciones SAC” en el 2016), de haber cometido el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado por apropiación para otro.
Según el representante del Ministerio Público, el delito se cometió durante la ejecución del proyecto “Mejoramiento de la calidad del servicio educativo de la Institución Educativa (I.E.) “San Cristóbal”, en la localidad de Huachos, distrito y provincia de Castrovirreyna”.
Como proveedor de la obra, Llancari debía entregar 12 mil bolsas de cemento, de las cuales, no ingresaron a la obra 2 mil 853.20 bolsas.
Lo que se imputa es que los dos primeros aceptaron los entregables de bolsas que no ingresaron a la obra, esto a fin que el tercero reciba el pago de las bolsas.
Sobre este caso, el juzgado de primera instancia absolvió a los acusados, resultado que fue apelado por la Fiscalía.
En segunda instancia, el representante de la Fiscalía presentó un argumento que logró la nulidad de la sentencia absolutoria.
Siendo así que, con resolución N° 51, la 2ª Sala de Apelaciones ordenó la realización de un nuevo juicio oral.
Tres jueces conformaron la 2ª Sala: Carlos Samaniego, Jaime Contreras y Jimmy Arrué.
Fuente Diario Correo
