La Comisión de Fiscalización del Congreso buscará determinar qué empresas brasileñas relacionadas con el caso Lava Jato en Brasil ganaron licitaciones con el Estado, directamente o en consorcio, por qué montos y en qué niveles de gobierno, indicó su presidente, Gustavo Rondón (SN).
Con ese propósito, refirió que se ha convocado para el lunes 31 de agosto a la presidenta del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Magali Rojas Delgado.
Rondón Fudinaga (SN) señaló que son tres los puntos que a la comisión le interesa que precise la titular de la OSCE, pero fundamentalmente uno, el referido a las empresas brasileñas.
“Lo que más nos interesa es identificar a las empresas brasileñas que contrataron con el Estado, directamente o en consorcios, a qué niveles de gobierno –ministerios, gobiernos regionales y municipios–, así como los montos”, anotó.
Con esta información, aseveró, se podrá retomar la investigación a las empresas brasileñas que ganaron licitaciones en el Perú y que se encuentran comprendidas en Brasil en las indagaciones por el caso Lava Jato, que evidencia el presunto pago de coimas.
«Se tendrá una base importante para empezar las investigaciones», manifestó el parlamentario, tras recordar que esta es la segunda convocatoria a la titular de la OSCE.
La Comisión de Fiscalización acordó retomar en esta legislatura las indagaciones por este caso, iniciadas en la legislatura pasada.
Magali Rojas, ha confirmado su presencia ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, para informar sobre el alcance de las contrataciones obtenidas en el Perú por parte de las empresas brasileñas relacionadas al caso Lava Jato.
Dijo que a pedido de la Comisión de Fiscalización cumplió con identificar a las empresas de las que requiere información.
Las siete compañías identificadas por la comisión son: Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, OAS, UTC Ingeniería, Queiroz Galvao y Engevix.
Otros puntos que la Comisión de Fiscalización consultará a Magali Rojas, según su presidente, es la participación de Rocío Calderón en ese organismo cuando fue directiva de la institución, así como las fallas que hubo en el almacenamiento de información.
Precisó que, en paralelo, la comisión solicitó al pleno una moción para pedir facultades de comisión investigadora en este tema, desde el 2001, durante el gobierno de Alejandro Toledo, en adelante.
Fuente Andina
