Conectada desde Estocolmo (Suecia), la exgobernadora regional, Yamila Osorio Delgado, se defendió sobre la acusación de que constituyó y lideró una presunta organización criminal para buscar beneficios económicos.

El Octavo Despacho del Equipo Especial Lava Jato formalizó la investigación el último 31 de agosto en su contra, porque habría solicitado a la empresa ICCGSA S/ 2 millones por la entrega de la obra del tramo III de la Variante Uchumayo. De esa cifra solo le dieron $ 142.000 y por eso les resolvió el contrato.

“Están tratando de sorprenderlo señor juez”, aseguró al magistrado John Pillaca Valdez, en la audiencia en que la fiscal provincial a cargo del caso, Ángela Zuloaga Bayes, solicitara comparecencia con restricciones e impidemento de salida de la ex autoridad por 36 meses.

Zuloaga explicó que existe un peligro procesal de fuga ante la buena situación económica de Osorio. Explicó que después de dejar el cargo de gobernadora, depositó en una cuenta de Scotibank S/220 mil y luego S/30 mil en 2019. “Con su actual salida del país se concretiza el peligro de fuga”, indicó la fiscal. La defensa de Osorio, Abraham Ávila Trivelli, replicó que esos montos pertenecen en parte a los sueldos que venía acumulando como gobernadora.

La fiscal dio cuenta de un acta de llamadas, las manifestaciones de colaboradores eficaces que indican que se entregó a través de Edgar Montalvo Galvez por más de US$ 100 mil el 26 de agosto y US$ 42 mil entre 2016 y marzo del 2017. La Fiscalía argumenta que es primo de la acusada, pero ella lo niega.

Las reuniones y llamadas

Yamila Osorio, durante la audiencia, no negó sus reuniones con ICCGSA en Lima. Lo hizo con Fernando Castillo Dibós, por intermedio de Carlos Zariquiey y Rafael Granados Cueto a finales del 2017. Pero era ante los retrasos de la obra y la falta de pago de proveedores.

Sin embargo para el despacho fiscal, Osorio pidió la reunión para exigir el pago restante de los S/ 2 millones de soborno. Zuloaga manifestó tener la actas de las llamadas de Osorio con Zariquiey. Además aseguró que la denegatoria de Castillo a pagar detonó la resolución del contrato de la obra.

Según la fiscal, la gestión de Osorio, con sus diversos funcionarios el 26 de diciembre del 2017, se emitieron informes sobre el punto, se emitió la resolución y también se le notificó a ICCGSA. Todo en un día.

La exgobernadora negó los hechos. Ante la resolución de contrato, la empresa no interpuso ningún proceso arbitral. “Ninguna auditoría a la obra por Contraloría ha señalado que la resolución ha sido ilegal”. Aseguró que las acusaciones de los colaboradores de ICCGSA buscan que se les devuelva los S/ 30 millones que su gestión regional cobró para concluir trabajos y cumplir con los proveedores. “Lamento que la Fiscalía esté a disposición de una empresa corrupta”, señaló. Zuloaga negó lo afirmado por Osorio.

La organización criminal

Para el Ministerio Público hay una estructura que fue utilizada por Osorio y cometer actos de corrupción. Primero para entregar la adjudicación de la obra a ICCGSA y luego para contactarse con sus directivos y finalmente resolver el contrato. Entre ellos están el ex gerente general del GRA, José Luis Rodríguez.

El tercer tramo de la Variante fue adjudicada en 2015 mediante un proceso realizado por el Organismo Internacional de Migraciones (OIM). Zuloaga asegura que Osorio, mediante su gerente Rodríguez, puso veedores de su confianza para que al final ICCGSA gane la licitación por S/ 92 millones. De igual manera, los utilizó para la resolución del contrato.

Durante la finalización de la audiencia Osorio manifestó que no tiene la intención de obstaculizar la investigación y que su viaje a Suecia se planificó antes de que se formalizara la investigación en su contra. Dijo que la reunión con los directivos de ICCGSA fue una de las tantas gestiones realizó como gobernadora regional de Arequipa. El juez Pillaca Valdez aseguró que su decisión la comunicará a las partes en las siguientes horas.

Cuestionan alta caución para Osorio

El abogado defensor de Osorio aseguró que la Fiscalía no está evidenciando hechos que justifican que no se disponga impedimento de salida del país. Abraham Ávila aseguró que su patrocinada recientemente se casó y que eso constituye un arraigo familiar. Además aseguró que se dedica a elaborar consultoría y a las actividades agrícolas. Cuestionó el alto monto de caución que es de S/ 250 mil. El letrado también se opuso a que se manifestará que la resolución del contrato a ICCGSA fuera con otros propósitos.

Fuente La República

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