Durante el 2016, el Gobierno destinó a gasto público obras de infraestructura por S/ 26,000 millones, equivalente a 4% del producto bruto interno (PBI) y de los cuáles S/ 22,500 millones se destinaron, sobre todo, a pequeñas y medianas obras al interior del país. Solo S/ 4,300 millones a proyectos cofinanciados bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP).

Gonzalo Prialé presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) recomendó modernizar el actual esquema de APP tan duramente cuestionado por los escándalos de corrupción que ha involucrado a importantes proyectos que restaron 1% al crecimiento económico del Perú en 2017.

Durante el foro Perú+Ética: Impulsando la ética en el Perú, organizado por el CFA Society Perú, Prialé aseveró que modernizar el esquema de APP no solo agilizará el desarrollo de los proyectos sino que coadyuvaría a erradicar aspectos que dan paso a la corrupción. Agregó que se tiene que combatir la corrupción sin paralizar obras.

Mencionó que licitar APP maduras, como por ejemplo, el aeropuerto internacional de Chinchero en el Cusco, implicaría entregar los proyectos con terrenos expropiados, con los respectivos permisos y con las interferencias liberadas.

“Hoy no solo se detienen los proyectos contaminados por la corrupción sino también los no contaminados. Debe castigarse a los individuos corruptos pero no a los proyectos”, subrayó.

Advirtió que los cuatro proyectos de infraestructura, hoy paralizados, vinculados a Lava Jato comprometen US$ 1,800 millones más US$ 650 millones en adendas, pero que esta cifra se encuentra distante a los S/ 600 millones que se pretende cobrar por penalidades.

Reformas urgentes

Para Jorge Medina, presidente de Proética, la corrupción es más bien una consecuencia de temas de fondo y que ameritan reformas urgentes como es el caso de la reforma política, educativa y de la policía.

Advirtió que ese punto porcentual menos del PBI que se dejará de crecer este año por efecto Lava Jato implica que al menos 150,000 peruanos no salgan de la pobreza y que similar cantidad de compatriotas dejen de consumir.

“Se crece pero se es menos competitivo y lo que nos retrasa es el tema institucional”, apuntó Medina.

Por su parte, Melvin Escudero, presidente del CFA Society Perú explicó que el tema de corrupción tiene un costo significativo en nuestra economía aunque no sería solo por Lava Jato.

“Sabemos que esto tiene varias décadas, prácticamente en cualquier proyecto de obras pública o APP está bajo sospecha de que puede existir algo corrupto. Entonces, el cambio de gestión en la Contraloría y la posibilidad de que el Congreso y el Gobierno pongan el tema de inversión en infraestructura como algo importante en su agenda conjunta para empujar y trabajar juntos en ese tema puede ser, efectivamente, una especie de cambio de timón en la tendencia”, anotó Escudero.

Explicó que si se destraban los grandes proyectos y se hace la reconstrucción vía obra pública entonces, efectivamente, podrá cambiar la tendencia negativa de la inversión privada y llevarla a terreno positivo el próximo año y hacer que el PBI crezca a tasas por encima de 4%, caso contrario se repetiría un crecimiento mediocre como el de 2017 estimado en 2.8%.

Fuente Diario Gestión

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