Un ciudadano denunció ante el Ministerio Público a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de la Oficina Regional Norte de Chiclayo (región Lambayeque) por el presunto delito de omisión de actos funcionales, colusión y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Hechos
Lauriano García Idrogo presentó ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia penal contra Walter Curo Apaza, director de la Oficina Regional Norte; Antonio Morales Gálvez, administrador; Sofía Vásquez Bravo, representante legal de Edisan Integral Amazónico; y los que resulten responsables, según un documento al que accedió La República.
García explicó que la denuncia responde a presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación simplificada n.º 003-2020 para la contratación del Servicio de alimentación para los internos, internas, niños y personas del INPE que laboran en los centros penitenciarios de Chiclayo. El proceso está valorizado en S/ 9 035 218, 12.
De esta manera, el 3 de noviembre de 2020 se adjudicó la buena pro al consorcio conformado por las empresas Polo Mar SAC y Francisco Sandoval Buitrago, mientras que Edisan Integral Amazónico y Corporación Ladisa quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.
Sin embargo, el denunciante señala que en representación de la empresa Ladisa interpuso ante el Tribunal de Contrataciones del Estado una apelación contra el proceso. A través de la resolución n.º 02712 – 2020, del 21 de diciembre de 2020, se anuló la buena a pro a Polo Mar SAC y se la concedió al consorcio Edisan.
Posteriormente, la Corporación Ladisa envió las cartas notariales n.º 01 – 2020 y n.º 02 – 2020 al jefe de Logística del INPE de Chiclayo, en las que advirtió que la empresa Edisan habría presentado documentación inexacta y que correspondía anular el proceso.
Es así que el 30 de diciembre de 2020, Lauriano García volvió a presentar un recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones pidiendo la no admisión de la oferta de Edisan, pues presuntamente se había presentado una declaración jurada irregular.
Empero, el 4 de febrero de 2021 la citada instancia mediante la resolución n.º 0360 – 2021 declaró improcedente la pretensión de la Corporación Ladisa, resolviendo que dicho argumento debió postularse en la primera apelación.
“(…) Sin embargo, el tribunal, en salvaguarda del interés público, ha dispuesto que la entidad realice la fiscalización posterior en relación a los cuestionamientos realizados a la empresa Edisan Integral Amazónico”, se precisa en la denuncia.
Representantes del INPE de Chiclayo indicaron a este diario que no se cometieron irregularidades en el proceso de adjudicación.
Fuente La República
