La inconclusa infraestructura de la I.E. Inmaculada Concepción N.° 1104, que hasta hoy no puede ser utilizada por sus alumnas, quedó en el centro de un caso de irregularidades en la gestión pública. La resolución N.° 000195-2025 del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) reveló que, en pleno proceso vinculado a esta obra, se contrató a un proveedor inhabilitado para trabajar con el Estado, lo que derivó en la sanción al exjefe de Logística de la gestión de Jorge Pérez, Néstor Cieza Pérez, por fallas en los controles administrativos.
Revisión
La investigación concluyó que en 2023 se contrató a Martín Antonio Torres Pérez, condenado por colusión agravada e impedido de prestar servicios al Estado, para labores de seguimiento y monitoreo de obras. La contratación se realizó sin verificar su situación en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC), evidenciando fallas en los controles internos.
El caso ha generado indignación en la comunidad educativa. Padres de familia del colegio han intensificado sus reclamos y ahora exigen la intervención de la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue a funcionarios del Gobierno Regional por la demora en la entrega del colegio.
“Han pasado años y nuestras hijas siguen sin colegio. Queremos que la Fiscalía investigue qué ha pasado y quiénes son los responsables. Con la sanción al exjefe de Logística, la fiscalía que dirige Magaly Quiroz Caballero debe iniciar una investigación por el daño a los estudiantes”, señaló una madre durante una de las manifestaciones.
Otro padre añadió: “No es posible que se haya invertido tanto dinero y hasta ahora no se entregue la obra. Aquí hay responsabilidades que deben aclararse”.
La obra comenzó a ejecutarse el 22 de noviembre de 2021. Durante fines de ese año y todo el 2022, las alumnas llevaron clases virtuales, y actualmente continúan estudiando en locales alquilados debido a que la infraestructura no ha sido entregada.
Aunque la resolución no identifica fallas técnicas en la ejecución del proyecto, sí advierte una afectación al sistema administrativo, al vulnerarse los principios de legalidad, eficiencia y probidad. La omisión de controles permitió sostener contrataciones irregulares dentro de un proyecto clave para el sector educativo.
Servicios
Proveedor Torres Pérez fue contratado dos veces en 2023: el 17 de marzo (Orden de Servicio N.° 0000448 y el 17 de mayo (Orden de Servicio N.° 0000913).
Fuente Diario Correo
