Un nuevo escándalo golpea al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Esta vez, la polémica gira en torno a un presunto favorecimiento en el proceso de adquisición de cámaras de seguridad, donde, según una denuncia pública, un consorcio peruano-boliviano habría obtenido la buena pro pese a presentar la propuesta económica más elevada.
La acusación fue difundida por el exministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, quien cuestionó que el proceso habría sido diseñado “a la medida” para beneficiar a dicho consorcio, compitiendo incluso contra tres empresas vinculadas al mismo propietario, lo que encendería alertas sobre una posible simulación de competencia y direccionamiento en la licitación.
Según la denuncia, el cuestionado jefe de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), David Hernández, y el ministro de Transportes, Aldo Pietro, vuelven a ubicarse en el centro de una controversia de gran impacto económico y político, en un contexto donde también persisten cuestionamientos por otros procesos millonarios dentro del sector.
Sospechas de favoritismo y falta de transparencia
El principal cuestionamiento apunta a que el consorcio ganador no solo presentó la propuesta más cara, sino que además habría competido prácticamente consigo mismo, mediante otras empresas vinculadas, reduciendo la competencia real y generando sospechas de una licitación estructurada para asegurar un resultado predeterminado.
Diversos sectores advierten que este tipo de procesos afectan seriamente la confianza ciudadana en la transparencia de las contrataciones públicas, especialmente cuando se trata de proyectos de seguridad y control urbano que involucran importantes recursos del Estado.
La denuncia también se produce en medio de un ambiente político especialmente sensible, tras la controversia por la compra de los aviones F-16 y las tensiones en torno al manejo de millonarios contratos estatales, lo que ha incrementado el escrutinio sobre las decisiones del Ejecutivo y de los altos funcionarios del sector Transportes.
Presión política y exigencia de investigaciones
Desde diversos sectores se exige que la Contraloría General de la República, así como los órganos de control interno del MTC y de la ATU, intervengan para verificar si existieron irregularidades en el proceso de contratación.
Especialistas en gestión pública advierten que, de confirmarse un direccionamiento, no solo podrían derivarse responsabilidades administrativas, sino también eventuales investigaciones fiscales por presuntos actos de colusión o favorecimiento indebido.
La controversia crece además por el impacto económico del contrato, considerado millonario, y por el momento político en el que ocurre, donde cualquier señal de falta de transparencia puede profundizar la desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas.
Mientras tanto, ni el MTC ni la ATU han emitido un pronunciamiento detallado sobre los cuestionamientos formulados, lo que ha incrementado la presión mediática y política sobre ambos funcionarios.
Fuente Altavoz
