Hace una semana, el lunes 2 de junio, el gerente municipal de la Municipalidad Provincial del Santa, Luis Luna Villarreal, había revelado a través de RSD que la obra de mejoramiento de la avenida José Gálvez, una de las más importantes de Chimbote, ya estaba culminada, y que los problemas visibles en el diseño y la estética de la obra eran el resultado del expediente técnico.
“En el caso de la avenida Gálvez, la empresa construye lo que dice el expediente, y obviamente a muchos no nos gusta; estuvo mal el diseño, pero lo que está en el expediente es lo que hace la empresa. Esa obra ya está culminada”, sentenció el máximo funcionario de la gestión del alcalde Felipe Mantilla Gonzales.
Sin embargo, un informe de control de la Contraloría General de la República acaba de poner en evidencia que la obra en cuestión, financiada por la MPS con una inversión de 5.3 millones de soles, fue recepcionada a pesar de que subsistían múltiples observaciones técnicas no subsanadas, lo que podría comprometer su vida útil y vulnerar el contrato de ejecución.
Así consta en el Informe de Hito de Control n° 029-2025-OCI/0344-SCC, emitido dos días después de las declaraciones de Luna Villarreal, el miércoles 4 de junio, como resultado del seguimiento realizado del 22 al 28 de mayo del presente año por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la municipalidad chimbotana.
El proyecto contempló trabajos de pistas, veredas, adoquinado, sardineles y áreas verdes a lo largo de varias cuadras de la transitada avenida, desde el jirón Derteano hasta la calle malecón Grau. Según el expediente técnico reformulado —aprobado mediante Resolución Gerencial n.° 175-2023-GI-MPS del 1 de setiembre de 2023—, el monto total de inversión fue de 5 millones 392 mil soles, incluyendo supervisión, gestión de proyecto y control concurrente. Pero exclusivamente la ejecución física estuvo valorizada en 4 millones 844 mil soles.
Contrato y empresas involucradas
La buena pro fue otorgada al Consorcio Gálvez, conformado por las empresas Consaga Ingenieros Contratistas Generales S.R.L. e Invermont-Inversores y Ejecutores S.A.C. El contrato de obra fue suscrito el 24 de octubre de 2023, con un plazo de ejecución de 180 días calendario. Posteriormente se aprobaron dos ampliaciones de plazo, que llevaron la duración total a 256 días. La obra fue dada por culminada el 31 de octubre de 2024, de acuerdo con el residente de obra.
Cabe señalar que Consaga Ingenieros Contratistas Generales S.R.L., una de las empresas que integran el Consorcio Gálvez, también forma parte del consorcio a cargo de la segunda etapa del Estadio Centenario de Chimbote, obra que ha sido objeto de observaciones por parte de la Contraloría.
Supervisión deficiente y recepción apresurada
La supervisión de la obra de mejoramiento de la avenida Gálvez estuvo a cargo del Consorcio Consultor San Pedrito, integrado por Julio Carlos Valle Sandoval y Miguel Ángel Milla Prieto. El contrato de supervisión se firmó el 15 de enero de 2024, por un monto de 248 mil 528 soles y el mismo plazo de ejecución de 180 días.
Pese a haberse firmado el acta de recepción de obra el 25 de abril de 2025 por el comité presidido por el subgerente de Obras Públicas de la MPS, Eder Esaú Jara Iparraguirre, una inspección física posterior realizada por la comisión de control el 22 de mayo evidenció que persistían observaciones técnicas contenidas previamente en el acta de pliego del 7 de enero. Entre ellas, se encontraron fisuras en veredas, desniveles entre sardineles y adoquinado, acabados deficientes en jardineras, bancas y cajas de desagüe, y ondulaciones en el pavimento adoquinado.
Infracciones contractuales y éticas
La primera situación adversa detectada es que los miembros del comité de recepción permitieron recibir la obra sin verificar la subsanación de las observaciones. Ello vulnera lo estipulado en el contrato, en el Reglamento Nacional de Edificaciones y en la Ley de Contrataciones del Estado, que exige al contratista asegurar la calidad y durabilidad de la obra por al menos siete años después de la conformidad. Además, la supervisión no habría garantizado el cumplimiento de los procedimientos constructivos exigidos.
La segunda situación adversa es de carácter ético y funcional. La Contraloría concluye que los servidores públicos integrantes del comité de recepción transgredieron los principios de probidad, responsabilidad y legalidad al dar conformidad a una obra con deficiencias visibles. Se les atribuye el incumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Código de Ética de la Función Pública, la Ley Marco del Empleo Público y la Ley del Procedimiento Administrativo General, entre otras normas.
El informe incluye recomendaciones dirigidas expresamente al alcalde Mantilla Gonzales para que disponga las acciones preventivas y correctivas que correspondan para garantizar la calidad de la obra y el cumplimiento de los términos contractuales. Asimismo, el documento —remitido el 4 de junio— indica que deberá informar al OCI sobre las medidas adoptadas en un plazo no mayor de 5 días hábiles desde su notificación. (W.C. – RSD Noticias).
Fuente Radio RSD
