Las contrataciones públicas son un canal esencial para el desarrollo económico, social y territorial. En el Perú la ejecución de la inversión pública representó aproximadamente S/ 57,742 millones del gasto público (COMEX Perú, 2025). No obstante, problemas persistentes como la corrupción sistémica, la paralización de obras y la baja ejecución presupuestal revelan que el problema no radica solo en la ley, sino en la falta de capacidades operativas e institucionales para implementarla. Según la OCDE (2017), la falta de capacidades técnicas y éticas entre los operadores públicos genera gestiones deficientes, interpretaciones erróneas de la norma y decisiones arbitrarias, lo cual mina la transparencia y la eficiencia del sistema de contrataciones públicas. A pesar de los esfuerzos del entonces Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en impulsar programas de capacitación, certificación y asistencia técnica, no se ha logrado revertir factores estructurales como la elevada rotación del personal, la fragmentación de regímenes laborales y la alta dependencia de modalidades contractuales temporales (locadores de servicios y CAS), que en conjunto abarcan el 72,5 % del personal (OSCE, 2025), de los cuales el 20 % cuenta con certificación vigente, y solo el 3 % está en nivel avanzado (CGR, 2023). Experiencias como Escocia, Nueva Zelanda y Rumanía muestran que un enfoque integral —que combina marcos de competencias, certificación obligatoria, trayectoria de carrera y sistemas de incentivos— permite consolidar la contratación como función estratégica del Estado (Filipon y Simionescu, 2024).
De forma paralela, la brecha de infraestructura en Perú es crítica: 81,7 % de las vías no está asfaltada (CEPLAN, 2024). Solo en 2023 se reportaron 2,298 obras públicas paralizadas por más de S/ 26 mil millones de soles (CGR, 2024) en los tres niveles de gobierno, y pérdidas por corrupción equivalentes al 2,4 % del PBI (CGR, 2024). Además, la ejecución de infraestructura en gobiernos subnacionales no superó el 77 % (COMEXPERÚ, 2025). Aquí es importante comprender que, la contratación pública, además de su dimensión normativa y técnica, debe ser asumida como una herramienta clave para cerrar la histórica brecha de infraestructura que afecta al país. Según estimaciones del Brichetti et al. (2021), América Latina requerirá inversiones superiores a los 2,22 billones de dólares hasta el año 2030 para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), siendo la infraestructura vial uno de los sectores más deficitarios. Por ejemplo, en el caso peruano, las vías continúan sin asfaltado, y regiones como Cajamarca y Piura muestran condiciones aún más adversas. Este escenario no solo restringe la conectividad y la movilidad, sino que también constituye una barrera concreta para el acceso a servicios públicos básicos, afectando directamente el bienestar y la inclusión social. La paralización de obras públicas constituye otro de los males endémicos del sistema, la Contraloría General de la República (2024) ha reportado que las causas que subyacen a este fenómeno son múltiples: expedientes técnicos mal elaborados, deficiente supervisión, procesos administrativos fragmentados y por supuesto: la corrupción. En efecto, en ese mismo año, la corrupción generó pérdidas por S/ 24 267.8 millones, lo que equivale al 12,7 % del gasto público y al 2,4 % del PBI nacional (CGR, 2024). Resulta alarmante, además, que solo el 2 % de los proveedores haya sido sancionado, a pesar de que ese pequeño grupo concentró el 7 % del monto total adjudicado entre 2018 y 2022 (CGR, 2023), lo cual pone en evidencia una preocupante debilidad de los mecanismos de control y sanción existentes.
Estas deficiencias técnicas y éticas no solo afectan la eficiencia del gasto público, sino que profundizan la crisis de confianza ciudadana hacia las instituciones. La percepción de corrupción en los gobiernos municipales se ha incrementado del 62 % en 2020 al 67 % en 2024, y los partidos políticos fueron calificados como significativamente corruptos por el 72 % de los encuestados (Miller y Chevalier, 2024). Además, en el ámbito regional, países como Brasil reportaron más de 8 mil proyectos paralizados en 2023 (Secom TCU, 2023), mientras que en Argentina se estimó que el 95 % de los proyectos de infraestructura estaban detenidos en 2024 (CANAL E, 2024), lo cual sugiere que el problema trasciende fronteras y se manifiesta como una patología regional. En este escenario de múltiples tensiones, la Ley N.º 32069 ha introducido avances relevantes: obliga a la certificación, promueve la articulación con SERVIR y orienta la contratación hacia la eficiencia y el “valor por dinero” (Congreso de la República, 2023). No obstante, su éxito dependerá de una implementación sostenida con respaldo presupuestal, institucional y político.
En conclusión, la profesionalización de la contratación pública ya no es una opción sino una urgencia. Se requiere una política pública robusta que incluya: (i) certificación obligatoria con monitoreo, (ii) creación de líneas de carrera atractivas, (iii) incentivos económicos y simbólicos, y (iv) descentralización efectiva del talento, solo así las contrataciones dejarán de ser un trámite administrativo para convertirse en palanca de desarrollo. La profesionalización ya no debe considerarse una meta futura, sino una condición inmediata e indispensable para asegurar integridad, eficacia y legitimidad.
Referencias bibliográficas:
- OCDE (2017). La Contratación Pública en el Perú: Reforzando Capacidad y Coordinación, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, Éditions OCDE, París. http://dx.doi.org/10.1787/9789264281356
- Congreso de la República del Perú (2024). Dictamen conjunto recaído en los proyectos de ley 5472/2022-CR, 5362/2022-CR, 6475/2023-CR y 7388/2023-CR, que aprueba la Ley de Contrataciones Públicas. Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado; Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.
- Contraloría General de la República del Perú (2024). Reporte de obras paralizadas en el territorio nacional a diciembre 2023 (N.° 0001-2024-CG/SESNC). https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/5056992-informe-de-obras-paralizadas-en-el-territorio-nacional-a-diciembre-2023
- Contraloría General de la República del Perú (2023). Análisis de la contratación pública en el Perú (2018-2022): una mirada desde el control gubernamental. Documento de investigación. Lima, Perú.
- COMEXPERÚ (2025). Reporte: Eficacia del gasto público. Resultados 2024.
- CEPLAN (2024). Perú: Informe de análisis prospectivo 2025–2050. https://www.gob.pe/institucion/ceplan/informes-publicaciones/6332221-peru-informe-de-analisis-prospectivo-2025-2050
- Canal E. (12 de setiembre de 2024). Se estima que, “más del 95% de las obras públicas están paralizadas en todo el territorio argentino”. Perfil. https://www.perfil.com/noticias/canal-e/se-estima-que-mas-del-95-de-las-obras-publicas-estan-paralizadas-en-todo-el-territorio-argentino.phtml
- Filipon, Ș., & Simionescu, V. (2024). Streamlining professionalisation in public procurement: Romanian competency frameworks as a case study (Part A). Journal of Public Procurement, 24(2), 145–166. https://doi.org/10.1108/JOPP-07-2023-0049
- Brichetti, J. P., Mastronardi, L., Rivas, M. E., Serebrisky, T., y Solís, B. (2021). La brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe: estimación de las necesidades de inversión hasta 2030 para progresar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. https://doi.org/10.18235/0003759
- OSCE (2025). CONOSCE: Certificación por niveles – SICAN.
- Miller y Chevalier. (2024). Encuesta sobre corrupción en América Latina 2024. https://www.millerchevalier.com/sites/default/files/2024-04/Miller-and-Chevalier_2024-Latin-America-Corruption-Survey_ESP.pdf
- Secom TCU. (18 de octubre de 2023). Brasil tem 8,6 mil obras paralizadas, financiadas con recursos federais. Tribunal de Contas da União. https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/brasil-tem-8-6-mil-obras-paralisadas-financiadas-com-recursos-federais.htm
Resumen ejecutivo:
La contratación pública peruana enfrenta una paradoja: a pesar de contar con avances normativos significativos —como la reciente Ley N.º 32069— persisten graves deficiencias estructurales que afectan su eficacia. Entre los desafíos más críticos figura la escasa profesionalización del personal a cargo de los procesos de contratación, lo que incide directamente en la calidad del gasto, la ejecución de inversiones y la transparencia. Este artículo analiza las causas, consecuencias y perspectivas de mejora, con base en evidencia nacional e internacional, y propone que la profesionalización no es una meta futura sino una condición urgente para transformar las contrataciones en un verdadero instrumento de desarrollo.
(1) ALFREDO SAAVEDRA SOBRADOS
Abogado USMP. Máster en Derecho de la Contratación Pública de la Universidad Castilla La Mancha (España). Máster Iberoamericano en Políticas Anticorrupción por la Universidad de Salamanca (España). Profesor universitario. Correo electrónico: alfredosaavedras@gmail.com.
Fuente Compras Estatales
