Hace unos días nos llegó un caso relacionado con una licitación pública de obras por más de S/ 3 millones. El consorcio había sido descalificado y necesitaba evaluar urgentemente la posibilidad real de revertir la decisión mediante un recurso de apelación.
Al comenzar a revisar el expediente advertimos algo que vemos con demasiada frecuencia en contrataciones públicas: el problema no necesariamente había empezado con la descalificación. En realidad, gran parte del riesgo ya estaba presente desde mucho antes, incluso desde las propias bases del procedimiento.
Mientras analizábamos la documentación presentada por el postor encontramos un detalle particularmente llamativo. Aun descontando las experiencias observadas por el comité, el consorcio aparentemente seguía superando el monto mínimo exigido para la calificación y también el monto requerido para obtener el máximo puntaje en el factor de evaluación relacionado con experiencia adicional. Es decir, existían elementos suficientes para cuestionar seriamente la decisión adoptada por el comité de selección, por la indebida descalificación de la Oferta del Consorcio.
Sin embargo, conforme avanzaba la revisión aparecieron problemas todavía más delicados. Detectamos exigencias relacionadas con tipologías e intervenciones específicas, en el requisito de calificación Experiencia del Postor en la especialidad, que podrían restringir la participación de proveedores, así como un factor de evaluación, construido sobre aspectos vinculados al propio requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”, pese a que normativamente no corresponde otorgar puntaje al simple cumplimiento de un requisito mínimo de calificación. Se trataba de observaciones que, de haberse identificado oportunamente, probablemente pudieron corregirse durante la etapa de consultas y observaciones. Y allí apareció la verdadera dimensión del problema.
Porque cuando un procedimiento llega a etapa de apelación muchas veces ya no solo está en juego la buena pro. También pueden perderse meses de trabajo, gastos administrativos, costos financieros por garantías, movilización de personal, preparación de ofertas y tiempo invertido por ingenieros, abogados y especialistas que participaron en el proceso. En algunos casos, además, durante la revisión integral de la oferta pueden aparecer inconsistencias o documentación cuestionable que terminan exponiendo al postor a procedimientos sancionadores ante el Tribunal de Contrataciones Públicas.
Lo más preocupante es que este escenario no es excepcional.
En Licita Fácil hemos revisado casos similares no solo en procesos de algunos millones de soles, sino también en procedimientos muchísimo mayores, de cientos de millones de soles, donde errores que inicialmente parecían pequeños terminaron convirtiéndose en apelaciones, nulidades, controversias contractuales o conflictos que pudieron evitarse desde el inicio.
Y es allí donde muchos proveedores descubren demasiado tarde una realidad incómoda: en contrataciones públicas actuar solo cuando aparece el problema suele ser mucho más caro que prevenirlo.
Porque las Contrataciones Públicas tienen etapas preclusivas. Una observación ilegal en las bases que no se cuestionó en su momento puede convertirse después en una barrera difícil de revertir. Una ambigüedad aparentemente menor puede terminar meses más tarde en penalidades, ampliaciones denegadas, controversias técnicas, resoluciones contractuales o arbitrajes.
A lo largo de los años hemos visto empresas invertir cientos de miles o millones de soles en ejecutar contratos con el Estado sin haber realizado antes una revisión estratégica integral de las bases, de los requisitos técnicos o de los riesgos del procedimiento. Y cuando finalmente buscan apoyo especializado, muchas veces ya están intentando apagar un incendio que pudo evitarse desde el inicio.
En nuestra experiencia, gran parte de los conflictos más graves en contratación pública no nacen durante la ejecución contractual. Nacen mucho antes: en bases mal elaboradas, requisitos restrictivos, factores de evaluación cuestionables, omisiones no advertidas o documentos que nadie revisó con el nivel de detalle necesario.
Por eso la diferencia entre una asesoría reactiva y una asesoría integral puede ser enorme.
No se trata únicamente de defender una apelación cuando el problema ya explotó. Se trata de identificar riesgos antes de que se conviertan en pérdidas económicas, controversias o sanciones que comprometan no solo un procedimiento, sino incluso futuras contrataciones con el Estado.
En Licita Fácil llevamos más de 27 años acompañando a proveedores del Estado en procedimientos de selección, ejecución contractual, apelaciones y procedimientos sancionadores, ayudándolos a identificar riesgos que muchas veces pasan desapercibidos hasta que ya es demasiado tarde.
Porque en contrataciones públicas, la diferencia entre ganar o perder no siempre depende de quién tiene la mejor oferta. Muchas veces depende de quién detectó primero el problema.
Si su empresa participa en contrataciones con el Estado y desea una revisión estratégica integral de sus procedimientos, puede contactarnos a través de LicitaFacil.pe. A veces una observación detectada a tiempo puede evitar meses de conflictos… y millones en pérdidas.
