El 23 de abril de este año, el jefe de Control Interno del Ministerio del Interior, Rubén Casanova García, comunicó al ministro del sector, José Zapata Morante, una serie de deficiencias en la compra de 3.164 chalecos antibalas para la Policía Nacional.
Entre otros aspectos, Casanova reportó que los artículos adquiridos no cumplían con las exigencias técnicas referidas en el contrato. También mencionó que, por esta razón, no fueron aceptados por la institución policial, por lo que se encontraban almacenados desde hacía casi dos meses.
Desde que el lote de chalecos antibalas llegó al Perú transcurrieron dos meses sin que fuera distribuido. Los equipos seguían amontonados en cajas de cartón hasta que el jueves 7 de mayo La República reveló la situación en la que se encontraban. Horas después, el ministro del Interior, José Zapata, inició públicamente la distribución de los chalecos antibalas.
Durante su discurso, el ministro Zapata afirmó que las observaciones habían sido levantadas. La República solicitó la información, pero no recibió respuesta.
¿Cómo pudo la empresa mexicana Armor Life Lab resolver las observaciones de la Oficina de Control Institucional del Ministerio del Interior en 15 días?
Lo más sorprendente es que el Ministerio del Interior afirma que fue la Oficina de Control Institucional (OCI), la entidad que dio el visto bueno al levantamiento de observaciones del lote de chalecos antibalas.
La República consultó con la Contraloría General de la República, organismo del que depende la OCI del Ministerio del Interior, y confirmó que Armor Life Lab absolvió las impugnaciones al producto. Además, lo hizo el 22 de abril.
Pero aquí hay un problema. ¿Cómo pudo la OCI dar el visto bueno al “levantamiento de las observaciones” si el 23 de abril el jefe de este organismo, Rubén Casanova García, envió el informe de control al ministro del Interior, José Zapata, señalando las deficiencias de los chalecos antibalas mexicanos?
En efecto, según el Ministerio del Interior, el 22 de abril el Servicio de Armamento y Municiones de la Unidad de Administración de la Séptima Región Policial Lima informó a la OCI que otorgó la conformidad de la entrega de los 3.164 chalecos antibalas nivel III-A, luego de que la empresa Armor Life Lab subsanó las observaciones de la unidad usuaria (Séptima Región Lima).
El Servicio de Armamento y Municiones, ante la evidencia de las cajas de cartón donde se encontraban los chalecos antibalas, esparcidas en el suelo del almacén policial, argumentó que se debió a un “temblor”, ocurrido un día antes de la visita de inspección por parte de la Contraloría General.
Si el 22 de abril fueron “levantadas” las observaciones, ¿por qué el 23 de abril el jefe de la OCI remitió al ministro del Interior el informe dando cuenta de las deficiencias de los chalecos antibalas?
La República se comunicó con la oficina de prensa del Ministerio del Interior con la finalidad de obtener detalles de la subsanación de la empresa Armor Life Lab, pero no obtuvo respuesta.
La empresa Armor Life Lab, que ganó el contrato con el Mininter, entregó los chalecos antibalas con una certificación de cumplimiento de un laboratorio mexicano. Pero este no cuenta con el obligatorio certificado del National Institute of Justice (NIJ).
¿Por qué esperaron para la repartición?
El 22 de abril, la Contraloría aceptó el “levantamiento de las observaciones” a los chalecos antibalas que hizo la empresa mexicana Armor Life Lab. ¿Por qué los artículos siguieron almacenados en la PNP hasta el 7 de mayo? Esto es, 15 días.
Las fotos publicadas el jueves por La República confirman que los chalecos antibalas que llegaron a Lima en febrero no fueron distribuidos.
Fuente La República
