En una entrevista con RPP, los especialistas José Trelles y Luciano López coincidieron en que la institución electoral atraviesa una crisis de eficiencia.
A muy poco de conocerse el resultado de la primera vuelta de las elecciones del 12 de abril, dos expertos analizaron las deficiencias en el traslado y repliegue del material de votación en los comicios.
En el programa Las cosas como son, de RPP TV, José Trelles, experto en contrataciones con el Estado, indicó que informes de la Contraloría General de la República revelan que la logística falló en la planificación básica de los contratos en regiones.
Indicó que, en zonas como Cusco, se detectó que los acuerdos con transportistas solo cubrían el despliegue (entrega) del material, pero omitían el retorno del mismo tras la votación.
A su juicio, este error se trata de una “negligencia transversal, institucional”, advirtiendo que la gestión fue aparentemente tan deficiente que, apenas una semana antes de los comicios, algunas zonas del sur del país aún no tenían contratos asegurados.
“Pone en riesgo todo el diseño del sistema”
Desde la perspectiva del derecho constitucional, Luciano López sostuvo que estas fallas afectan la base del sistema electoral diseñado en 1993, el cual creó a la ONPE como un órgano especializado para centralizar y profesionalizar esta logística.
López fue enfático al señalar la gravedad de la situación: “Si este órgano hoy en los hechos… por ineptitud… no contempla en los términos de referencia para los contratos situaciones elementales… en realidad nos pone en riesgo todo el diseño del sistema”.
Trelles refirió, además, que la Contraloría identificó “riesgos en la adquisición de laptops y equipos informáticos”, así como “variaciones” en los términos de las contrataciones.
Ante este escenario, ambos expertos coincidieron en que existen responsabilidades, por parte de los funcionarios y las empresas contratistas, que deben ser determinadas.
López añadió que, más allá de las investigaciones fiscales en la vía penal, los funcionarios de la ONPE “serían susceptibles de algún procedimiento sancionador a nivel de Contraloría”.
Fuente RPP
