Un proveedor quedó fuera de una licitación de más de S/ 300 millones
Hace unos días tomamos conocimiento de un hecho que, de confirmarse, debería llevarnos a reflexionar sobre si algunas de las medidas implementadas en el SEACE para reforzar la seguridad del sistema podrían estar produciendo efectos no deseados sobre la competencia en las contrataciones públicas.
Se trata de un proveedor que habría quedado impedido de presentar su oferta en una licitación pública valorizada en más de S/ 300 millones. Según la información recibida, la empresa participaba en consorcio y, conforme a las reglas actualmente vigentes, todos sus integrantes debían ingresar previamente al SEACE y aprobar electrónicamente su participación antes de que el representante común pudiera remitir la propuesta. Cumplido este requisito, se inició el proceso de carga de la documentación, pero la plataforma comenzó a responder con lentitud, se bloqueó en reiteradas oportunidades y finalmente el plazo para la presentación de ofertas venció sin que pudiera concretarse el envío.
Naturalmente, corresponderá determinar si la incidencia obedeció a una falla del sistema, a problemas de conectividad del proveedor o a cualquier otra circunstancia ajena al SEACE. Sin embargo, el caso permite plantear una discusión que probablemente muchos proveedores han tenido en privado, pero que pocas veces llega a debatirse públicamente.
Las medidas de seguridad tienen una explicación
No debemos olvidar que las actuales exigencias de seguridad tienen un contexto que las explica.
En el año 2022, una investigación periodística reveló un presunto esquema de espionaje informático en el OSCE mediante el cual terceros habrían accedido indebidamente a información reservada de procedimientos de selección, favoreciendo supuestamente a determinadas empresas en millonarias licitaciones públicas. La denuncia motivó investigaciones fiscales, diligencias en la sede del OSCE y el anuncio de una investigación interna por parte de la propia entidad.
Poco tiempo después, el OSCE dispuso que los postores dejaran de registrar directamente sus ofertas económicas en el SEACE durante la etapa de presentación de propuestas, limitándose a adjuntar el archivo correspondiente, siendo posteriormente la entidad convocante quien consignaría el monto ofertado.
Más adelante, en abril de 2024, se incorporó una nueva funcionalidad que exige la aprobación previa de participación de cada integrante del consorcio antes de que pueda presentarse la oferta electrónica.
No cabe duda de que estas medidas persiguen una finalidad legítima. La reserva de las ofertas y la integridad de la información son pilares fundamentales de cualquier sistema de contratación pública moderno. Sin embargo, también es válido preguntarse si el remedio podría estar comenzando a generar algunos efectos adversos.
¿Por qué muchos proveedores esperan hasta el último momento?
Quienes participan habitualmente en procedimientos de selección saben que un número importante de proveedores suele esperar hasta las últimas horas para presentar sus propuestas.
Algunos lo hacen por estrategia comercial; otros, por la carga de trabajo que implica culminar una oferta compleja; y otros, simplemente, porque aún subsiste cierta desconfianza respecto de la confidencialidad absoluta de la información contenida en las ofertas económicas.
Quizá ese temor sea hoy injustificado, pero es innegable que las denuncias de 2022 dejaron una huella en el mercado y modificaron la forma en que muchos proveedores se relacionan con el sistema.
Cuando la seguridad puede convertirse en una barrera
En ese escenario, la obligación de coordinar el ingreso y aprobación de participación de todos los integrantes de un consorcio añade un elemento adicional de riesgo.
Lo que antes dependía esencialmente del representante común, hoy exige la intervención oportuna de varias empresas, que pueden encontrarse en distintas ciudades del país, con diferentes condiciones de conectividad, disponibilidad de personal o incluso con dificultades vinculadas al uso de certificados digitales.
Es cierto que podría sostenerse que nadie debería esperar hasta el último momento para presentar una oferta de cientos de millones de soles. Sin embargo, también es cierto que el sistema debe estar preparado para recibir válidamente propuestas hasta el último segundo del plazo establecido en el cronograma, pues ese derecho asiste a todos los proveedores y no puede verse condicionado por eventuales limitaciones tecnológicas.
Si un proveedor con capacidad para ejecutar una obra o servicio de gran envergadura queda fuera de competencia debido a problemas de acceso, latencia, bloqueos del sistema o interrupciones en la conectividad, quizá sea oportuno preguntarnos si algunas de las soluciones implementadas para combatir riesgos de corrupción han terminado trasladando una carga excesiva a quienes desean participar honestamente en el mercado público.
¿Es momento de hacer ajustes?
Quizá haya llegado el momento de evaluar si algunas funcionalidades podrían replantearse sin afectar la seguridad alcanzada.
¿Sería posible que la aprobación de participación de los integrantes del consorcio se realice desde la etapa de registro de participantes y no durante la presentación de ofertas?
¿No sería razonable que el SEACE genere una constancia automática cuando detecte intentos de envío frustrados por problemas de disponibilidad del sistema?
¿Debería el OECE transparentar estadísticas sobre latencia, tiempos de respuesta o incidencias registradas durante las últimas horas de recepción de propuestas?
No pretendemos ofrecer respuestas definitivas, pero sí abrir un espacio para el debate.
Combatir posibles actos de corrupción y proteger la confidencialidad de las ofertas es indispensable, pero también lo es preservar la competencia y evitar que proveedores capaces de ejecutar importantes contratos para el Estado queden excluidos por circunstancias que poco tienen que ver con su capacidad técnica o económica.
Abramos el debate
Tal vez el desafío pendiente no sea escoger entre seguridad o competencia, sino encontrar el equilibrio adecuado entre ambas. Y para ello, probablemente resulte más útil escuchar a quienes utilizan el SEACE todos los días que asumir que las soluciones diseñadas desde el escritorio necesariamente funcionan igual de bien en la práctica.
En LicitaFácil, con más de 27 años de experiencia acompañando a proveedores de todo el país en procedimientos de contratación pública, hemos podido apreciar de primera mano los avances alcanzados en materia de transparencia y seguridad, pero también las dificultades operativas que aún enfrentan muchos usuarios del sistema. Por ello, creemos que la experiencia de quienes participan diariamente en procesos de selección constituye una fuente valiosa de información para identificar oportunidades de mejora y contribuir a construir un SEACE más seguro, pero también más accesible, predecible y competitivo.
¿Ha tenido dificultades para presentar ofertas a través del SEACE, especialmente en procedimientos en consorcio? ¿Considera que las nuevas medidas fortalecen la transparencia o que han terminado convirtiéndose en una barrera tecnológica para algunos proveedores?
Los invitamos a compartir sus experiencias y opiniones en los comentarios. Quizá escuchando a quienes utilizan el sistema todos los días podamos encontrar un mejor equilibrio entre seguridad, transparencia y competencia.
Fuente Licita Fácil
