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Condenan a ocho exfuncionarios municipales por favorecer a proveedor de talleres de teatro

Condenan a ocho exfuncionarios municipales por favorecer a proveedor de talleres de teatro

El Primer Juzgado Penal Unipersonal Permanente de La Molina, perteneciente a la Corte Superior de Justicia de Lima Este, dictó sentencia condenatoria contra ocho exfuncionarios y servidores de la Municipalidad Distrital de La Molina por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en perjuicio del Estado.

En la resolución judicial, los exservidores M. S. G. B., D. A. P. M. y D. C. L. fueron sancionados con cuatro años y ocho meses de pena privativa de la libertad de carácter efectiva.

Por su parte, a P. L. I. Z., Y. A. M. C., R. L. N. P., G. N. N. O. y G. C. S. M. se les impuso cuatro años de prisión suspendida, sujeta a reglas de conducta.

Fraccionamiento ilícito de contratos

Según las investigaciones sustentadas por el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este, las irregularidades ocurrieron entre los años 2019 y 2020 durante la contratación de servicios destinados a talleres teatrales municipales.

La representación fiscal demostró que los imputados adaptaron los términos de referencia y dividieron intencionadamente las contrataciones en órdenes de servicio por montos inferiores a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Con esta maniobra eludieron los procesos de selección estipulados por ley para favorecer directamente a un único proveedor de servicios, acumulando una cifra total que sobrepasó con creces los límites legales permitidos y careció del debido respaldo técnico.

Millonaria reparación civil

Durante el juzgamiento, el fiscal provincial José Bustíos Ledesma presentó un paquete probatorio que incluyó el Informe Pericial N.° 003-2021, auditorías del Órgano de Control Institucional (OCI), comprobantes de pago, órdenes de servicio, testimoniales y requerimientos oficiales enviadas a entidades universitarias.

Ante la evidencia presentada, el órgano jurisdiccional declaró la responsabilidad penal de los procesados y fijó un pago de S/920 181.22 por concepto de reparación civil, suma que los sentenciados deberán abonar de manera solidaria en favor del Estado peruano.

Fuente Perú21

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