El Sétimo Juzgado Penal Unipersonal especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del doctor Ronald Soto Cortez, concluyó hasta la fecha con 28 procesos que terminaron con sentencias condenatorias, todas consentidas.
Hace poco, el juzgado que despacha condenó a seis años de prisión efectiva a la exjefa de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Piura, y a cuatro años de cárcel, también efectiva, a otros tres abogados, según la sentencia, por el delito de colusión agravada por la contratación ficticia de tres abogados para la Oficina de Asesoría Legal.
MÁS SENTENCIAS. El Juzgado Unipersonal especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios también condenó, el pasado 27 de setiembre, a tres funcionarios de la anterior gestión municipal de Piura, a cuatro años de pena suspendida, y a tres a un representante del Consorcio Bolognesi, según la sentencia, por colusión simple, en agravio del Estado.
Los funcionarios de ese entonces, que han sido sancionados son: Carolina Elera Saavedra (exjefa de la División de Obras), Roder Calle González (extitular de la Oficina de Infraestructura), y Jenisse Fernández Mantilla (exgerenta Territorial y de Transportes).
A ellos se les impuso unacondena de cuatro años de pena privativa de la libertad, cuya ejecución se suspendió por el término de tres años, bajo reglas de conducta; mientras que a Roberto Gurrionero Matías, representante legal del Consorcio Bolognesi, a tres años de pena privativa de la libertad por el término de dos años.
Además, a todos se les impuso la sanción de inhabilitación por un año, y al pago de una reparación civil solidaria de 20 mil soles.
Bolognesi. El Poder Judicial informó que el caso materia de la sentencia mencionada se refiere a la obra “Mejoramiento de la avenida Bolognesi”, en el tramo entre el malecón Eguiguren, y la avenida San Martín, que se ejecutó por un monto de tres millones de soles.
La Fiscalía acusó a los funcionarios de haber entregado indebidamente un adelanto directo por el monto de 727,860 soles, el 9 de julio del 2012, al representante del Consorcio Bolognesi, a pesar que ello estaba prohibido de acuerdo a las bases.
Refiere la Fiscalía, que tras la solicitud presentada por el representante del consorcio, el pedido de adelanto fue aprobado al poco tiempo, por las áreas que representaban en ese entonces, las imputadas.
UN ALCALDE. El juzgado que despacha el magistrado, Ronald Soto Cortéz, también condenó al alcalde de Pacaipampa, Juan Manuel García Carhuapoma, al pago de una reparación civil ascendente a 158,134 soles, la misma que ha sido consentida.
El motivo de la sentencia deviene del caso que fue anulado por la Corte Suprema, donde antes se le había condenado a García Carhuapoma, a un año y medio de cárcel efectiva.
Ahora, corresponde a la Procuraduría de dicha comuna, hacer efectivo el pago de la reparación civil.
OPINA. Ronald Soto Cortéz dijo que si bien no tienen una carga procesal abultada, la producción del despacho que representa está a la par de otros distritos judiciales como Puno y Ayacucho, en donde han tenido casos emblemáticos con alcaldes y presidentes regionales como imputados.
“Hasta la fecha hemos impuesto 28 sentencias. Los procesos que se siguen ante este juzgado son complejos, por su naturaleza y la actividad probatoria que supone ello, y casi siempre están ligados a expedientes administrativos de pago, documentos relacionados con la disposición patrimonial del Estado”, indicó Soto Cortez.
Agregó que otras cinco personas han sido declaradas contumaces, “quienes habiendo sido convocados para el inicio de su juicio oral, no se han apersonado, por eso se ha dispuesto la orden de captura para ellos”.
Detalló que tienen otros cinco procesos en trámite, y nueve por programar. “Tenemos una carga manejable, y trabajamos a un ritmo regular”.
Dijo que este viernes 26 han sido convocados para participar de una reunión en Lima con la Coordinadora Nacional Anticorrupción, en donde se establecerán los estándares de producción que tienen hasta la fecha los distritos judiciales.
Fuente Diario Correo
