El Poder Judicial ha confirmado diversas órdenes de prisión preventiva contra los integrantes de la organización criminal llamada “Los ingeniosos del Sur”, investigados por haber perjudicado económicamente a la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (Untels) cuando ejercieron cargos administrativos en esta casa de estudios.
Jorge Iván Canales Quin, Nelson Reyna Vásquez, José Alberto Avalos Manco y Roberto Justo Tejada Estrada son los presuntos miembros de la banda criminal que recibieron en octubre de 2020 una orden de prisión preventiva por 18 meses a raíz de las pesquisas del Ministerio Público.
Poco tiempo después, apelaron la medida. Sin embargo, la Corte Superior de Lima Sur decidió el último 10 de marzo, acorde a una resolución a la que accedió La República, confirmar los encarcelamientos temporales contra todos ellos.
La decisión también abarcó al supuesto líder de esta red delictiva, Giancarlo Valer Enciso (oficial en retiro de la Fuerza Aérea del Perú), a quien se le revocó la medida de arresto domiciliario por la prisión preventiva por 18 meses, al igual que el resto de sus coimputados.
A todos ellos se les procesa, en general, por los delitos contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada, negociación incompatible y peculado.
Investigación en curso
Según los avances de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, que inició el caso en 2018, Valer, como jefe de Planeamiento y Presupuesto, direccionaba para su beneficio los contratos y adquisiciones que la Untels realizaba, con el apoyo de especialistas en contrataciones.
El perjuicio económico en contra de la institución asciendió a S/ 3.107.282 en 2018 y S/ 1.866.764 en 2019. Además, los proveedores crearon empresas fachadas que perjudicaron económicamente a la universidad mediante pactos de otorgamiento de buena pro, arreglos de presentación de cotizaciones y precios simulados o sobrevaluados.
Los involucrados generaron, como parte de sus actividades ilícitas, órdenes de bienes, servicios y consultorías por montos menores a 8 UIT, como una forma de otorgarle legalidad a sus operaciones.
Fuente La República
