La construcción del nuevo edificio del Congreso por el que se ha pagado S/.17.3 millones y no funciona– fue un proceso exonerado de los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado durante la gestión de Daniel Abugattás.
Informe de Asesoría Jurídica autorizó a la Mesa Directiva a contratar y adquirir sin control alguno.
De acuerdo con el contrato suscrito por el Parlamento con el consorcio Activa Perú M&O Construction SAC –a cuya copia accedió *Perú21*– durante la primera administración nacionalista de este poder del Estado se aprobó una disposición final en la Ley de Presupuesto del año 2012.
Dicha norma autoriza la ejecución de proyectos de sedes legislativas o administrativas, incluyendo equipamiento tecnológico y mobiliario, exceptuándolo de la aplicación de la Ley de Contrataciones y de otras normas de control.
Para el expresidente del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén, el único propósito de esa exoneración fue evitar que la contratación de la constructora pase por un concurso público y todo se resuelva por invitación a postores donde solo uno participa.
INFORME JURÍDICO
Pero esta contratación no solo fue exceptuada de la Ley de Contrataciones. En la gestión de Abugattás se emitió un informe de Asesoría Jurídica que avaló a la Mesa Directiva para no observar las normas de control establecidas en la Ley de Contrataciones. “Esto es grave. Se aplicaron normas de emergencia como si la construcción de ese edificio fuese un tema de urgencia nacional. Hay que investigar a profundidad”, puntualizó Velásquez.
TENGA EN CUENTA
– La construcción del nuevo edificio involucra a las gestiones de Abugattás, de Víctor Isla y de Otárola.
– Hasta ahora no hay respuesta del por qué el Congreso pagó a la constructora hasta noviembre de 2013 pese a los reparos.
Fuente Peru21
