El pleno del Congreso aprobó una iniciativa de ley que propone inhabilitar a trabajadores y funcionarios públicos que hayan cometido algún delito en contra del Estado y la sociedad durante sus funciones, en situaciones de calamidad pública o emergencia sanitaria.
La representación nacional apoyó esta propuesta por 86 votos a favor, 12 abstenciones y 3 votos en contra.
El parlamentario Walter Ascona (APP), vicepresidente de la Comisión de Justicia, informó sobre la acumulación de los proyectos de ley 1134, 3425, 4933, 4953, 4998, 5041, 5051, 5114, 5269, 5389 y 5526, que proponen modificar los artículos del Código Penal, respecto de circunstancias agravantes derivadas de la comisión del delito durante épocas de emergencia.
De igual forma, plantea dictar otras disposiciones sobre la pena de inhabilitación en el Código Penal y leyes especiales, para esto estipula las circunstancias agravantes señaladas y el reordenamiento sistemático para este caso, entre otros aspectos.
La norma también prevé, para estos casos, la necesidad de modificar los artículos 38, 384, 387, 389 y 426 del Código Penal, para extender la inhabilitación de seis meses a 10 años, salvo los supuestos de incapacidad que se refieren otros artículos del código en mención, entre otras normas.
Otros aspectos de la iniciativa están vinculados a temas de la colusión simple y agravada, en relación con el delito del funcionario público que, interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de compras y adquisiciones, concierta con los interesados para defraudar al Estado, siendo reprimido con penas privativas de libertad por diversas circunstancias y tiempo.
Fuente Andina
