El congresista Pasión Dávila (BM) presentó un proyecto de ley que plantea la nulidad de los contratos de concesión en aquellos casos en que las partes que intervinieron en la suscripción de dicho documento, tanto privados como públicos, sean condenadas por delitos de corrupción en última instancia.
La iniciativa, según el legislador, tiene por finalidad combatir la corrupción y garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
En ese sentido, propone que la medida se aplique cuando exista una sentencia consentida y ejecutoriada por casos de corrupción, en el país o en el extranjero, contra funcionarios público, representantes o ciudadanos vinculados a personas jurídicas o consorcios.
“La anulación de la concesión implicará la reversión de los bienes, derechos y obligaciones que hayan sido transferidos a la parte concesionaria, aun cuando estos hayan sido transferidos o cedidos a terceros bajo cualquier modalidad contractual”, indica el proyecto de ley.
Dispone además que la Contraloría, una vez notificada la condena por corrupción relacionada con un contrato de concesión, procederá a la anulación del contrato de manera inmediata.
La entidad privada involucrada en el contrato de concesión será notificada de la anulación y se le dará un plazo razonable para cesar todas las actividades relacionadas con el contrato. El incumplimiento será pasible de las sanciones correspondientes, de acuerdo con la legislación vigente.
Precisa también que la entidad privada que haya sido beneficiaria del contrato de concesión anulado, deberá restituir al Estado todos los recursos obtenidos de manera ilícita o indebida.
“La anulación de un contrato de concesión en virtud de esta ley implicará la terminación anticipada del mismo y la reversión de los bienes y recursos involucrados al Estado Peruano, sin perjuicio de las sanciones penales, civiles o administrativas que correspondan a los responsables por los actos de corrupción”, señala.
Precisa también que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mantendrá un registro público de las condenas por corrupción de funcionarios, que estará a disposición de la ciudadanía, de las entidades encargadas de la contratación pública y de la Contraloría
Asegura además que, en caso de anulación de un contrato de concesión por esta causa, la empresa contratista no podrá reclamar cualquier derecho, compensación o pago alguno, ya sea en el ámbito interno o en instancias internacionales, relacionadas con el contrato anulado.
En congresista Dávila fundamentó su propuesta en que en los últimos años se han revelado casos de corrupción en concesiones, que afectaron sectores como la construcción de infraestructuras, la explotación de recursos naturales y la prestación de servicios públicos.
“La corrupción es un flagelo que afecta gravemente el desarrollo y la estabilidad de nuestro país. La existencia de actos de corrupción en los procesos de contratación pública socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones y genera un ambiente propicio para la impunidad y el enriquecimiento ilícito”, precisa.
Fuente Andina
