compras-estatales

Conoce los tres ejes económicos que comprenden las facultades legislativas

Conoce los tres ejes económicos que comprenden las facultades legislativas

La Ley 30823 que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diferentes temas, por el plazo de 60 días calendario, comprende tres ejes relacionados al aspecto económico de un total de cinco.

Las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo contempla la posibilidad de legislar: en materia tributaria y financiera, en gestión económica y competitividad, y en modernización del Estado.

1) Materia tributaria y financiera

– Modificar la Ley del Impuesto a la Renta (IR) respecto a los criterios de domicilio de las personas jurídicas, incorporar cláusulas antielusivas específicas, retenciones y pagos a cuenta del impuesto por rentas de segunda y cuarta categoría, otras medidas que no implican el incremento de la tasa del IR empresarial de los contribuyentes domiciliados en el Perú y tampoco implica la modificación de la tasa máxima y el tramo inafecto del IR que grava las rentas de trabajo de los contribuyentes, ni la modificación sobre el tratamiento tributario de las micro y pequeñas empresas (mypes).

– Modificar la legislación tributaria y financiera para promover la inversión, establecer mejoras sobre el tratamiento tributario aplicable al Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces (FIBRA) y al Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles (FIRBI), y establecer mejoras sobre la transferencia de facturas negociables.

– Crear un producto previsional no obligatorio, inafecto del IR de las personas naturales y de la contribución a EsSalud para los afiliados que retiraron los fondos de sus cuentas individuales de capitalización en el marco de la Ley 30425, sin que ello implique modificar las normas que permiten el retiro de hasta el 95.5% de los fondos de las AFP.

– Modificar el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), con el fin de actualizar la normatividad vigente y cubrir vacíos o falta de claridad en la norma que impiden su correcta aplicación en lo que respecta a la determinación y ámbito de aplicación del impuesto, e incorporar sus alcances para los juegos de casino, máquinas de tragamonedas y apuestas online en el ámbito de aplicación del ISC, sin que ello implique la modificación de la tasa del IGV o del impuesto de promoción municipal.

– Modificar el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central (SPOT) como mecanismo de control tributario a fin de evitar el uso indebido del fondo de detracciones y optimizar la operatividad del Sistema. No podrá legislarse sobre el régimen de infracciones y sanciones.

– Modificar y uniformizar la legislación nacional para promover y regular el uso generalizado de comprobantes de pago electrónicos y simplificar las obligaciones de los contribuyentes, incluyendo aquella relacionada con certificados digitales.

– Establecer los mecanismos que permitan al Tribunal Fiscal y a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) fortalecer y optimizar su gestión, así como el marco normativo que coadyuven a garantizar el adecuado cumplimiento de sus funciones y brindar un mejor servicio.

– Simplificar la regulación y demás aspectos referentes a la cobertura y acceso a los regímenes especiales de devolución del IGV orientados a promover y agilizar la inversión en el país.

– Adecuar la legislación nacional a los estándares y recomendaciones internacionales emitidas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Grupo de Acción Financiera Internacional y las mejores prácticas internacionales para la lucha contra la elusión y evasión fiscal, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

2) Gestión económica y competitividad

– Modificar los parámetros de actualización de las bandas de precios de los productos afectos al Fondo para la Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo con el objeto de otorgar una mayor frecuencia y magnitud de actualización.

– Rediseñar el Fondo de Promoción a la Inversión Pública y Local (Foniprel) para integrar al Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (Fonie), así como facilitar el proceso de liquidación de proyectos a los gobiernos regionales y locales, y la continuidad de inversiones.

– Impulsar el desarrollo productivo y empresarial de las micro, pequeña y mediana empresas (mipymes) y de los sectores de alto impacto de la economía, mejorando el financiamiento y otorgamiento de garantías, así como estableciendo una nueva regulación del régimen societario, de garantía mobiliaria y del régimen de contrataciones, además de promover la formalización laboral.

– Actualizar la Ley General de Aduanas y la Ley de los Delitos Aduaneros para adecuarlas a estándares internacionales, agilizar el comercio exterior y hacer eficiente la seguridad de la cadena logística y preservarla.

– Armonizar las actividades de pesca y acuicultura en sus diferentes modalidades y fortalecer los mecanismos de formalización, supervisión, sanción e interdicción.

– Incluir en la aplicación de la Ley que Aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario a las actividades acuícolas y de manejo y aprovechamiento forestal y de fauna silvestre.

– Modificar la Ley General de Educación a fin de elaborar el marco normativo integral que regule la organización, gobierno, régimen académico, perfil directivo y docente idóneo para la gestión de los centros de educación técnico-productiva, para fortalecer la educación técnico-productiva para elevar la empleabilidad y competitividad, especialmente de los jóvenes, sin que ello implique flexibilización de las normas en materia laboral.

– Optimizar la regulación del transporte en todas sus modalidades facilitando el cabotaje nacional e internacional de carga y pasajeros.

3) Modernización del Estado

– Fortalecer la interoperabilidad, articulación e integración entre los sistemas conformantes de la administración financiera del sector público y sus respectivos órganos rectores, actualizar y adecuar sus conceptos y terminología, de manera que permita garantizar una gestión más integral de la hacienda pública.

– Modernizar el sistema nacional de presupuesto, adecuando la cobertura de instituciones al Marco Macroeconómico Multianual, al Tesoro Público y a la Contabilidad Pública.

– Adecuar el marco regulatorio a los cambios en materia de inversión pública, inversión público-privada, y programación multianual del gasto.

– Actualizar el marco regulatorio de los sistemas nacionales de tesorería y de endeudamiento público para consolidar el enfoque de gestión integral de activos y pasivos financieros del Estado, para promover una dinámica más eficiente en la gestión del financiamiento de las inversiones.

– Fortalecer y modernizar el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, desarrollando el marco normativo para la implementación de la Planilla Única de Pago del Sector Público, y establecer disposiciones para la negociación colectiva en el sector público, que considere la capacidad financiera del Estado y garantice un manejo fiscal sostenible.

– Fortalecer y extender la accesibilidad al certificado único laboral para jóvenes, a fin de incrementar las oportunidades de reinserción en el mercado laboral.

– Regular el periodo vacacional, de acuerdo a las necesidades del trabajador y del empleador.

– Mejorar la Ley de Contrataciones del Estado, a efectos de impulsar la ejecución de políticas públicas nacionales y sectoriales mediante la agilización de los procesos.

– Desarrollar el Sistema Nacional de Abastecimiento.

– Actualizar la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado para alinearlo a los estándares de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), facilitar la coordinación y articulación entre sistemas administrativos y habilitar la adecuación de estos a la heterogeneidad institucional del Estado.

– Mejorar la actuación administrativa del Estado en lo relativo a supervisión, fiscalización y sanción.

– Establecer la potestad sancionadora del Ministerio de Cultura por incumplimiento de las disposiciones de la Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, sin que signifique una afectación a los derechos de los pueblos originarios, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

– Fortalecer las facultades de supervisión y fiscalización del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, así como impulsar la conservación y restauración de bosques como mecanismos de pago de multas.

– Establecer funciones de supervisión, fiscalización y sanción a las afiliaciones de los programas sociales, y precisar aspectos del procedimiento sancionador.

– Fortalecer el Sistema Nacional de Supervisión y Fiscalización Ambiental, a fin de contribuir al control de actividades con incidencia sobre el medio ambiente y salud de las personas.

– Actualizar la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, respecto a las competencias de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y mejorar la regulación en materia de infracciones, medidas correctivas, sanciones, responsabilidad y notificaciones.

– Optimizar el proceso de calificación y contratación, así como la delimitación de responsabilidades de las entidades de apoyo encargadas de realizar las acciones de supervisión y fiscalización previstas en la Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes).

– Fortalecer las competencias, las funciones de supervisión, fiscalización y sanción y la rectoría del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) para prevenir o corregir conductas o actividades que pongan en riesgo la vida de las personas o de los animales, la inocuidad de alimentos o la preservación de los vegetales.

– Optimizar las funciones de fiscalización de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, estableciendo las atribuciones y facultades de sus inspectores independientemente del grupo ocupacional al que pertenecen.

– Establecer el marco normativo para promover el despliegue transversal de las tecnologías digitales en las entidades del Estado; a fin de mejorar el alcance, las condiciones, la prestación y el acceso de los ciudadanos a los servicios que presta el Estado.

– Promover la consolidación institucional de las mancomunidades municipales, aprovechando las ventajas de la gestión intermunicipal para asegurar la óptima prestación de servicios.

Fuente Andina

Artículos relacionados

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Translate »