El Órgano de Control Institucional (OCI) ha advertido que la resolución de contrato del puente Castillo Grande generaría «perjuicio económico al Gobierno Regional» porque no se cobrarán por «los daños y perjuicios» que ocasionó el consorcio al paralizar dicha obra.
Y es que, como ya se ha informado antes, la causal que usó el Gobierno Regional para resolver el contrato con el Consorcio Puente Tingo no estaría justificada, pues resuelve el contrato por un hecho «no imputable a las partes», dejando libre al consorcio de pagar alguna penalidad.
Dice el informe de Contraloría que los funcionarios del Gobierno Regional pudieron resolver el contrato porque el consorcio presentó «documentación falsa o inexacta, como valorizaciones de obra y avances de ejecución física». De esa manera, las empresas constructoras no solo tendrían que resarcir al Gobierno Regional, sino que se enfrentarían a las responsabilidades civiles y penales.
Dicha presentación de documentación falsa, fue advertida por el mismo OCI en informes anteriores que no fueron tomados en cuenta por los funcionarios que emitieron los informes que conllevaron a la resolución de contrato firmada por la gerenta general regional Leslie Zevallos.
Según Contraloría, el consorcio contratista valorizó partidas no ejecutadas, y «simuló» avances físicos de obra mientras la estaba ejecutando. Luego, en el 2022 pidió resolver el contrato por supuesta falta de pago de valorizaciones «a pesar de que la valorización de junio de 2022 contiene partidas no ejecutadas», destaca el OCI.
«Se advierte que los funcionarios de la Subgerencia de Gestión de Obras y Supervisión, Gerencia Regional de Infraestructura, Asesoría Legal y Gerencia General» resolvieron los contratos «sin imputar responsabilidades al contratista y supervisión; y con ello resarcir los daños y perjuicios ocasionados, […] así como la posibilidad de ejecutar las garantías que otorgó el contratista sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños irrogados», agrega el OCI.
GORE SE RATIFICA
A pesar del informe de Contraloría, en el Gobierno Regional reafirmaron que se tomó «la mejor decisión» al resolver el contrato con el consorcio Puente Tingo.
César Martel Bernal, asesor del gobernador regional Antonio Pulgar y gerente regional de Infraestructura en la gestión de Rubén Alva, afirmó que si usaban otra causal para resolver el contrato «nos exponíamos a un arbitraje que podía entablar el contratista y más adelante la entidad puede perder, porque esa causal no tendría peso suficiente».
De acuerdo con Martel, para resolver el contrato por otra causal la obra tenía que estar en ejecución y «con un cronograma de ejecución vigente, lo cual no sucede porque la obra está paralizada».
También dijo que la gestión de Erasmo Fernández, en el 2022, pudo resolver el contrato usando los informes que hoy indica la Contraloría. «En esa gestión los funcionarios que estuvieron a cargo no tomaron como válida esa causal para proceder. Pudieron hacerlo; pero, no se llevó a cabo», anotó.
«Nos mantenemos en esa posición y responderemos al órgano de control para aclarar ese tema», añadió Martel Bernal.
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